José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, se pronunció contra el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la creación de un proyecto de ley que obligaría a los privados, con el apoyo del Estado, a realizar inyecciones de dinero forzosas a ciertos sectores de la economía.

Ocampo calificó la propuesta del mandatario como una “mala idea” que recurre a métodos obsoletos que solo han sido aplicados en el sector agropecuario. “La propuesta del Presidente de inversiones forzosas del sistema financiero es inadecuada. Es un esquema del pasado”, afirmó Ocampo en su cuenta de X.

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En lugar de implementar inversiones forzosas, Ocampo sugirió que se deben realizar acciones coordinadas a través del Grupo Bicentenario, que es el conglomerado que agrupa a las entidades financieras del sector público. “A través del Grupo se pueden otorgar líneas de crédito, algunas concesionales, así como garantías”, explicó.

Agregó que su propuesta, de hecho, es parte de lo que había establecido en 2022 como economía popular: “Un esquema de este tipo es el programa de financiamiento de la economía popular lanzado a finales del 2022, que no ha sido implementado adecuadamente. Un buen programa de crédito puede y debe ser además concertado con el sector financiero privado”.

¿De qué se trata la propuesta de Petro de hacer una inyección forzosa a la economía?

En esencia, la propuesta consiste en otorgar créditos de desarrollo a sectores productivos específicos, utilizando fondos provenientes de los bancos. Así, los bancos proporcionarían el dinero a los beneficiarios designados por el Estado.

Los sectores que recibirían la inyección económica serían los de industria, vivienda, exportaciones, agricultura y turismo, según detalló el mandatario en la cumbre de Asobancaria, que se realizó en Cartagena. Estos son algunos de los que han presentado más dificultades.

El presidente Petro expresó su apoyo a las inversiones forzosas como una estrategia para liderar la reactivación económica en medio del bajo nivel de recaudo que tiene el país. “Ante el estancamiento del gasto y las dificultades del sistema financiero privado, hay una tercera vía y se llama crédito otorgado por el Gobierno”, afirmó Gustavo Petro y agregó que “el pago del Estado al banco es mucho más sano y menos riesgoso”, concluyó.

Además, explicó que mientras se limita el gasto es posible aumentar el crédito proveniente de instituciones públicas. Además, indicó que el Gobierno podría subsidiar la tasa de interés con el presupuesto nacional.

Esta idea ya había sido considerada previamente por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien mencionó que este proyecto, que aún se encuentra en fase de planificación, podría ser presentado el 20 de julio ante el Congreso, con el inicio de la tercera legislatura.

Los problemas con la propuesta de Petro

El Gobierno propone obligar a los bancos a hacer estos préstamos porque si no fuera así, ellos no lo harían por su cuenta. De acuerdo con Alejandro Espitia, economista y profesor de la Universidad Javeriana, hay dos razones por las que los bancos no otorgan créditos: la primera, porque a quien se le está prestando tiene antecedentes de “no ser buena paga”; la segunda, porque no hay información suficiente para saber si tienen o no la capacidad de pagar.

Según lo que da a entender el Gobierno, el Estado cumpliría el rol de ser un garante para que los deudores efectivamente paguen a los bancos. Entonces busca “eliminar esas barreras para que, con la inyección de dinero, los sectores puedan producir”.

No obstante, si el Gobierno garantiza al banco que pagará si el deudor no lo hace, eso termina siendo un subsidio; entonces, una mejor alternativa sería que el mismo Gobierno, con los recursos del Estado, hiciera dichos préstamos. “Así no se enviaría una señal de incertidumbre al sector bancario que termina por afectar todavía más a la economía”.

Lo cierto es que si los préstamos los hace tanto el sector público, como el sector privado, no hay una garantía de recuperar ese dinero, lo que termina, de cualquier forma, repercutiendo en las finanzas públicas.

De hecho, para Espitia, lo ideal sería que el Gobierno revisara a detalle cada uno de los sectores a los que pretende aplicar esta propuesta, pues no todos pueden ser tratados de la misma manera ya que, por ejemplo, el sector agro no funciona igual que el de turismo y si no están generando las rentabilidades suficientes, no necesariamente es por la misma causa.