La Procuraduría General de la Nación impuso cargos contra Fernando Manuel Vergara Ortega, exgerente de la Empresa Social del Estado Centro de Salud El Roble, Sucre, pues emitió, presuntamente, una resolución que comprometía el pago de las deudas adquiridas por Comfasucre EPS.
Según indicó la delegada para la Economía y Hacienda, a decisión del servidor incluyó el embargo de los recursos destinados a la salud por un valor cercano a los $12.000.000.000, para lo que habría decretado, sin tener facultades ni competencia, el embargo de los recursos disponibles en las cuentas bancarias de la entidad. Por este motivo, el órgano rector consideró que esta acción es un claro exceso de las funciones de su competencia.
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La investigación del ente de control señala que los hechos ocurridos durante la vigencia 2022, Vergara Ortega pudo olvidar que el dinero hacía parte de las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación y que al estar destinadas al régimen de salud no podían, bajo ningún concepto, ser objeto de la decisión tomada.
La Procuraduría argumentó que “el disciplinable posiblemente violó el orden institucional al omitir el principio de inembargabilidad, y confirmó que las ESE carecen de competencia para adelantar procesos coactivos contra las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), las Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP) y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)”.
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En ese sentido, el órgano rector calificó sus acciones como una “falta grave cometida a título de culpa gravísima”. La decisión generó revuelo en el sector salud, pues pone en duda la integridad y la buena gestión administrativa de la ESE Centro de Salud El Roble, Sucre, que dirigía Fernando Manuel Vergara Ortega.
Las asociaciones de salud del municipio manifestaron su desasosiego por lo reveló la Procuraduría sobre la gestión del centro. Además, cuestionaron la legalidad y transparencia de los procesos destinados a administrar el dinero asignado a la salud de la zona.
Asimismo, esperan que las autoridades correspondientes indaguen a profundidad la situación para evidenciar la veracidad de los hechos, aclarar el rol de los implicados y su responsabilidad en el proceso.
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Corrupción en las EPS en Colombia
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación varias EPS realizaron malos manejos de los recursos otorgados por el Estado para atender a los pacientes. Las inconsistencias identificadas por los organismos de control superan los $9.000.000.000 y las alertas encendieron la posibilidad de investigaciones penales.
Por ello, la fiscal general Luz Adriana Camacho se reunió con el contralor en funciones (e) Carlos Mario Zuluaga para conocer detalles de los informes sobre el manejo de los dineros públicos de la salud por parte de las EPS. Con relación a la unidad de pago por capitación (UPC), Zuluaga advirtió que habría irregularidades en varias de las aseguradoras.
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Por tal razón, la fiscal general ordenó conformar un equipo especial de fiscales, expertos, peritos de finanzas criminales, criminalidad organizada y seguridad territorial para que se encarguen de analizar la información y verificar las inconsistencias en los recursos de la UPC.
El organismo de control hizo seguimiento al manejo de los recursos de las Entidades Promotoras de Salud. Incluso, alertó que sólo cinco de las EPS cumplían con las medidas impuestas por el Gobierno nacional, lo cual constituye la base para las intervenciones de la Superintendencia de Salud
De acuerdo con Cambio la Contraloría, descubrió que 18 de esas compañías gastaron casi $9.000.000.000 en conceptos no autorizados. Estos hallazgos causaron alerta en la Superintendencia de salud, pues la Ley reglamenta un uso específico para los dineros que gira el Estado a las EPS del Estado en términos de UPC, como la mayoría de los medicamentos y algunos tratamientos. Invertir esos recursos en el pago de otros servicios supone sanciones.
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Igualmente, dentro del análisis de la Contraloría se identificaron desvíos de recursos de la UPC para pagar servicios, aparentemente inexistentes, entre estas empresas y las propias clínicas de su grupo empresarial, lo que se conoce como integración vertical.
Habría casos de mayor gravedad. De acuerdo con Cambio, los dineros eran destinados para pagos de inmuebles, honorarios personales y hasta infraestructura, que podrían acarrear procesos jurídicos por presunta corrupción.
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