No cesan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación por el asesinato del exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, el coronel (r) Élmer Fernández, que estarían próximas a llamar a un coronel del Inpec que, al parecer, habría pasado por alto los protocolos de la institución para atender posibles amenazas contra sus funcionarios.
De hecho, el ente acusador trabaja con dos líneas de investigación claramente definidas. Por un lado, intentan dar con los responsables materiales como intelectuales detrás del homicidio, así como también están indagando sobre posibles omisiones relacionadas con las amenazas previas reportadas por Fernández.
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En poder de las autoridades ya se encuentra una resolución emitida el 3 de abril de 2024 por el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, mes y medio antes del homicidio del director de La modelo, en el que se estipulaban los lineamientos para atender los casos en los que se pusiera en riesgo la vida de los trabajadores.
Esta resolución modificó las funciones del grupo de control del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, encabezado por el teniente coronel Rolando Ramírez Sanabria, quien es la mano derecha del director del Inpec.
Según lo revelado por fuentes cercanas a la investigación a Cambio, esta resolución delegó en Ramírez la responsabilidad de comunicar a la Unidad Nacional de Protección (UNP) la necesidad de protección urgente para el director de La Modelo. Sin embargo, a pesar de las amenazas previas reportadas por Fernández, estas medidas de protección no fueron implementadas de manera oportuna.
“Remitir a la Unidad Nacional de Protección u otras entidades responsables de la seguridad ciudadana, la documentación requerida para adelantar el estudio de nivel de riesgo a los servidores públicos y auxiliares del cuerpo de custodia”, señala el documento.
El asesinato de Fernández, ocurrido casi ocho días después de que él mismo alertara al Inpec sobre las amenazas, ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y la eficacia de las medidas de protección para los funcionarios amenazados.
En este sentido, el coronel Daniel Gutiérrez explicó que se había iniciado el proceso para proporcionar un esquema de protección a Fernández, pero que el trámite era complicado y se demoró en llevar la solicitud a la UNP.
Por su parte, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, reconoció que hubo un error de trámite por parte del Inpec al no solicitar un esquema de protección de emergencia para Fernández. Rodríguez señaló que el error radicó en no recurrir directamente a la UNP y en la demora en presentar el caso a esta entidad.
Con un total de 506 funcionarios amenazados, incluidos 27 directores, el caso de Fernández ha puesto en relieve la necesidad de revisar y fortalecer los protocolos de seguridad para garantizar la protección efectiva de quienes están en riesgo.
Mientras tanto, las investigaciones de la Fiscalía continúan en curso, y se espera que en los próximos días arrojen resultados que aclaren los detalles y las responsabilidades detrás de este trágico suceso. Por ahora, se conoce que la banda criminal La Inmaculada podría estar vinculada al asesinato del coronel (r), quien tomó las riendas de la cárcel La Modelo apenas un mes antes del trágico desenlace.
De hecho, se sabe que Fernández recibió amenazas una semana atrás de su muerte, cuando le hicieron llegar panfletos firmados con el nombre de “Pedro Pluma”, uno de los reclusos que le exigía al director detener las requisas en las celdas para evitar represalias en su contra.
Pedro Pluma haría parte del autodenominado grupo Muerte a Guardianes Opresores (Mago), en el que se suman algunos de los cabecillas de las principales bandas dedicadas al microtráfico, extorsiones y asesinatos por encargo.
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