Habitante confinada en iglesia de Suárez, Cauca, hizo dramático relato: “Había mucho miedo por los disparos”

El municipio de Suárez, en Cauca, la tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, se ha visto inmerso en actos terroristas por parte de los grupos armados al margen de la ley. Uno de los casos se presentó el lunes 20 de mayo, cuando integrantes de las disidencias de las Farc atacaron la estación de Policía en Morales, con un saldo de dos policías asesinados, así como enfrentamientos con el Ejército en Suárez. Esta situación ha dejado miedo y zozobra en la población.

La violencia en la región ha provocado el confinamiento de 350 habitantes del corregimiento de La Toma, en el municipio de Suárez, los cuales permanecen resguardados en una iglesia cristiana. Aseguran que no saldrán de ese lugar hasta no tener condiciones plenas de seguridad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Celia Ortiz, coordinadora del comité de salud del consejo comunitario, expresó los momentos de angustia que vivió tras escuchar los disparos y explosiones producto del enfrentamiento entre las disidencias y la fuerza pública. Afirmó que la comunidad corrió en busca de refugio para así evitar quedar en medio del fuego cruzado.

Además, agregó que las personas enfermas o que resultaron afectadas por los hechos violentos han sido atendidas a través de la medicina artesanal, mientras llegaba una misión médica.

“Lo que hicimos como comunidad fue reunirnos en este albergue y empezar a tratar a la comunidad con medicina tradicional, ya que es la única fuente que teníamos para atender hasta que llegara la misión médica, que es el hospital nivel 1 de Suárez (...) La gente subía y bajaba, había mucho miedo por los disparos”, afirmó la mujer al portal web Primera Edición.

Son hombres, mujeres y niños los que permanecen refugiados en el recinto religioso, donde izan trapos blancos como símbolo de ser una zona de paz. En ese lugar duermen en colchonetas, cocinan, mientras que los niños estudian y ven las horas pasar, esperando que se restablezca la seguridad, debido a que las escuelas permanecen cerradas.

“En este momento tenemos esta iglesia como un refugio, dado que, desde el lunes 20 de mayo, tipo 6 de la mañana, empezaron los enfrentamientos entre el Ejército y un grupo armado ilegal. A la población le tocó desplazarse de sus hogares”, complementó José Luis Ambuila, segundo coordinador de la guardia cimarrona del consejo comunitario de La Toma, en diálogo con el mencionado medio.

Del mismo modo, el líder social solicitó que se realice un barrido en el territorio debido a los explosivos que, se presume, no alcanzaron a estallar, lo que representa un peligro inminente para la población: “Lo que pedimos es que se haga un barrido a la zona, porque sabemos que hay muchos explosivos en los caminos que no estallaron y eso representa un riesgo para la población, especialmente para los niños, por eso no dejamos que salgan de este centro cristiano”.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, solicitó acciones efectivas contra los grupos armados al margen de la ley, especialmente contra las disidencias de las Farc, para que cese el hostigamiento sistemático que inició el viernes 17 de mayo en varias regiones del departamento.

“Estas estructuras quieren atemorizar el departamento del Cauca y la solicitud al Gobierno es que debemos aumentar nuestra capacidad de respuesta con la fuerza pública. La situación es particularmente crítica. Todos estos ataques son de las disidencias de las Farc”, declaró el mandatario departamental.

Es de recordar que en la tarde del jueves 23 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó no reanudar el cese al fuego ni restablecer diálogo con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc tras la escalada de violencia en el sur del país.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció una recompensa de $500 millones por información que permita capturar a líderes de la facción Jaime Martínez del EMC y el aumento de efectivos en el Cauca. Además, ordenó afectar con contundencia las finanzas de las disidencias a través de operaciones contra el narcotráfico y la minería ilegal.