Ante la denuncia realizada por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común respecto a la millonaria licitación de $204.915.724.310, que selecciona a los proveedores para la adquisición y entrega de materiales escolares, Colombia Compra Eficiente se pronunció por medio de un informe público, además de unas declaraciones del director de la entidad rectora de la contratación pública en Colombia.
De acuerdo con el documento en el que responden las inquietudes que ha planteado la Secretaría de Transparencia, la entidad expone que con el proceso de licitación del mobiliario escolar se promueve la regionalización y la participación de las MiPymes, fortaleciendo la competitividad y eficiencia económica en la contratación estatal, además de potenciar las economías locales.
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Según lo expuesto por El Tiempo, la veeduría cuestionó que Colombia Compra Eficiente, la encargada de esta licitación pública, asigne un mayor puntaje al criterio del factor técnico adicional cuando este “no guarda ninguna relación con la adquisición para la dotación escolar, en donde lo primordial es el factor económico y la calidad del bien que se pretende adquirir”, a lo que Colombia Compra Eficiente expresa que los criterios técnicos de selección se definieron de manera objetiva junto con el Ministerio de Educación Nacional, aparte de un soporte en el Análisis del Sector.
El director de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla Tejada, se refirió al proceso transparente para la libre competencia en la licitación que es cuestionado por Henry Antonio Anaya, presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, y aclaró que dicho proceso no promueve lo mencionado.
De este modo, Padilla respondió en un video que recogieron alrededor de 320 recomendaciones, entre ellas la que aplicó directamente la veeduría Bien Común, donde según el director de la entidad rectora les respondió de manera escrita e invitó al organismo a reunirse y dialogar sobre las sugerencias recibidas. Además, puntualizó que también le contestaron a la Secretaría de Transparencia.
En el documento, la entidad rectora de la contratación pública en Colombia hace referencia al incremento en el número de proveedores, alcanzado un total de 29 en comparación con los 8 que había anteriormente, además de destacar la participación de dos microempresas como proveedores directos del estado y 134 aliados estratégicos, de los cuales 79 son de diferentes sectores.
De igual forma, también reiteran que los documentos del proceso han estado accesibles desde la plataforma SECOP II, para que los interesados puedan revisarlos. La agencia constata que la licitación ha cumplido con los principios de legalidad, publicidad, transparencia, economía, planeación y selección objetiva conforme al cronograma y las normas vigentes, teniendo en cuenta las observaciones presentadas.
Licitaciones en la mira referentes a la Aerocivil
Alejandro Botero, conocido por su rol como denunciante del carrusel de la contratación en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno, ha encendido las alarmas sobre posibles actos de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro. En esta ocasión, se trataría de la Aeronáutica Civil.
Según Botero, una de las licitaciones cuestionadas es la destinada al “mejoramiento de las plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistemas de drenaje, mejoramiento y construcción de calles de rodaje del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha”, cuyo valor asciende a 59.400 millones de pesos. Botero sostiene que la experiencia exigida en la licitación ha sido modificada para beneficiar al proponente compuesto por las firmas RG Ingeniería SAS, Infraestructura Nacional Ltda., e Immca SAS.
Además, la revista Semana verificó la denuncia y encontró que en otras obras, como las de Puerto Carreño y Yopal, también habrían ocurrido irregularidades similares al adjudicarse contratos por 38.000 millones de pesos y 26.000 millones de pesos, respectivamente, al mismo grupo de oferentes.
Botero denunció que en Riohacha y Puerto Carreño se designó al mismo interventor, lo que despierta sospechas: “Mucha casualidad que haya el mismo contratista y el mismo interventor en dos proyectos”. Esta afirmación invita a los organismos de control a investigar la actuación del director de la Aerocivil, Sergio Paris Mendoza, y de los funcionarios Andrés Arboleda Salazar, Marco Gutiérrez, y Sandra Gómez Acero.
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