
Continúa la ofensiva mediática entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y los medios de comunicación y periodistas que han replicado los hallazgos en su campaña. Como Vicky Dávila, de la que se rumora cada vez con más fuerza su intención de hacer parte de la aspiración a la Casa de Nariño en 2026, con el que ha protagonizado fuertes choques a través de las redes sociales.
Como la del lunes 13 de mayo de 2024, cuando salió a defender la legalidad de las finanzas presentadas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), frente a los señalamientos de que habría violado los topes establecidos para tal fin. De acuerdo con el primer mandatario, dos de los señalamientos hechos sobre la contabilidad registrada carecen de veracidad, por lo que salió a explicarlos en sus redes sociales.
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Ante los interrogantes de por qué su campaña presentó al CNE gastos de testigos electorales como un gasto de campaña y si fueron usados a conveniencia para obtener recursos del Estado en la reposición de votos, Petro salió en respuesta a las insinuaciones de Dávila y dejó en claro su postura: que no era su intención obtener dinero por este concepto y sugirió un error del organismo electoral en su interpretación.
“Buena pregunta periodista. Si gerencia y contadores lo hicieron así, entonces el CNE en esta o en cualquier campaña debió suspender esas partidas y no pagarlas, pues tiene la facultad. Así de simple. Con lo cual, si están metidas partidas como el gasto después de elecciones o testigos, ya sabrás que el gasto total baja y estamos muy lejos de superar el tope legal”, afirmó el primer mandatario.

Las inconsistencias en los reportes de la campaña
La polémica está relacionada con las denuncias de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, en los que no se habría reportado en la primera vuelta, por parte de la campaña Petro Presidente, el pago a 30.256 testigos electorales, del orden de los $931 millones; como tampoco los gastos de propaganda que estarían cercanos a los $356 millones. Es por ello que se ha desatado toda una controversia.
A lo que se suman los $500 millones de pesos donados por la Federación Nacional de Educadores (Fecode) y los 1.249 millones de pesos que le habrían restado a las facturas del transporte aéreo contratado para la campaña presidencial. Por su parte, en la segunda vuelta, no se tuvieron en cuenta $100 millones de los $250 millones para el alquiler del Movistar Arena, además de $177 millones del pago a testigos.

Del mismo modo, a las inconsistencias, están —entre otros— $962 millones más de los vuelos hechos, $530 millones para el transporte, alimentación y logística de testigos; y $379 millones de la Unión Sindical Obrera (USO), que ya había dado $121 millones. En total, son más de $5.355 millones de más que no aparecerían en las cuentas del gerente de campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol.
“Aquí se quiere avalar un informe de ponencia falso. No hay ninguna hora de avión no reportada. Todo aparece en los gastos de campaña reportados en el momento en que se gastó”, indicó Petro el 12 de mayo, en relación con el tema del transporte aéreo, cuando empezaron a conocerse más detalles de la forma en la que, al parecer, se habrían omitido los reportes para no configurar una infracción.
“Las donaciones de sindicatos a partidos de izquierda son como las de las grandes empresas a los partidos de derecha, solo que más decentes; las donaciones a partidos no son gastos de campaña y están dentro de la ley”, agregó Petro, que continúa en su lucha por defenderse de las acusaciones que han surgido en relación con este mega escándalo que podría poner en jaque su permanencia en el cargo.
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