La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) publicó su informe anual sobre las acciones de los gobiernos de la región de las Américas y el Caribe para la protección de los derechos humanos. A lo largo de seis capítulos, el documento contiene un análisis de las visitas y recomendaciones que ha realizado en cada uno de los gobiernos, incluido el de Colombia.
En la presentación del informe, el organismo internacional se pronunció sobre la situación actual del país, expresando preocupación por falta de consensos sociales y políticos, considerados claves para hacer efectivos verdaderas transformaciones, entre ellas la paz.
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A la carencia en la implementación efectiva de acciones estatales y cambios en las políticas públicas, se suma la inquietud por la persistente violencia en gran parte del territorio nacional, de la que son víctimas, principalmente, los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“(...) la Comisión reitera su preocupación por la violencia derivada de los conflictos armados en el país y su especial afectación sobre personas defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres, y niñas, niños y adolescentes”, señaló la Cidh.
Sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó el “poco avance” en el cuarto punto, relacionado con la solución al problema de las drogas ilícitas.
El organismo reafirmó las consideraciones emitidas por la Corte Constitucional en diciembre de 2023, cuando aseguró que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) “ha fracasado”.
Al respecto, consideró importante se cumpla con lo pactado en el acuerdo, señala que es indispensable promover una nueva visión en donde impere un “tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género”.
En su pronunciamiento, la Cidh destacó la aprobación de la Política Nacional de Drogas 2023-2033, cuya meta fijada es la reducción de 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito para 2026, lo que, según el Ministerio de Justicia, se traduciría en una disminución del 43% en la producción de cocaína y la eliminación de 11.823 millones de dosis del mercado.
Cabe recordar que la Cidh visitó Colombia entre el 15 y el 19 de abril de 2024, para realizar una evaluación directa de la situación de los derechos humanos en el país, con especial atención al impacto del conflicto armado y diversas formas de violencia en las comunidades.
Tras concluir la evaluación, el organismo hizo un llamado al Estado para que haga más presencia en los territorios y desarrolle políticas redistributivas con el fin de garantizar el acceso pleno de los derechos de las comunidades vulnerables.
Al tiempo, ordenó al Ejecutivo cumplir con su obligación de proteger la vida e integridad de las personas, garantizar la seguridad de las comunidades y alinear las nuevas negociaciones con grupos armados a la ruta establecida por el Acuerdo Final de Paz.
De la misma forma, exhortó al Congreso de la República a priorizar un debate constructivo y los consensos que permitan la aprobación de leyes necesarias para la implementación de dicho acuerdo, principalmente, en lo relacionado con la reforma a la ley de víctimas.
Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a la Fiscalía General de la Nación cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos en todo el territorio.
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