En la tarde del miércoles 24 de abril de 2024, se llevó a cabo un debate en la Comisión Primera de la Cámara cuyo tema principal fue la estación de la Armada Nacional en la isla Gorgona y en el que se conoció que la Armada ha gastado $5.000 millones en los estudios de las licencias que fueron solicitadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
A la sesión fueron invitados representantes de las comunidades, organizaciones ambientales, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y de la Armada Nacional.
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En la intervención del capitán de Navío de la Armada Nacional, Javier Bermúdez, se conoció que desde 2015 hasta la fecha, se han invertido 5.000 millones de pesos en las licencias ambientales.
“Las licencias ambientales que se dieron en el año 2015 fueron licencias condicionadas y eso no lo han mencionado acá, quiere decir que nosotros estábamos obligados a hacer unos estudios que a la fecha nos han costado cerca de 5.000 millones de pesos en todas esas medidas que se han impuesto”, comenzó por explicar el capitán Bermúdez.
Al respecto, el capitán agregó que la finalidad es brindarle la garantía a los colombianos de que se respetará la diversidad marina y ecológica de la isla: “Tenemos que darle la garantía a los colombianos que, si bien es cierto, hay una necesidad de proteger, no podemos dejar de observar una necesidad de cumplir la licencia y lo que nos enmarca el Anla”, concluyó el capitán.
Estados Unidos no tendrá soberanía sobre Colombia
Por su parte, el ministro Velásquez, en su intervención, comenzó por referirse a las denuncias de hostigamiento y perfilamientos que han dado a conocer los representantes de comunidades.
“Frente a las denuncias que han hecho de hostigamiento a comunidades, de perfilamientos, de existir prácticas de esa naturaleza claro que rechazamos enfáticamente con toda contundencia y esperamos además que hechos puntuales que se hubiesen presentado en ese sentido sean puestos, por lo menos, en mi conocimiento para poder tomar las medidas que sean necesarias, hacer las verificaciones, porque no es una práctica de las fuerzas militares, no es algo que tolere el Ministerio de Defensa”, aseguró el líder de la cartera.
En cuanto a la construcción de la estación de la Armada Nacional en Gorgona, el ministro Velásquez aseguró que hace parte de la política antidrogas del Gobierno nacional, dado que está enfocada en tres puntos esenciales: “contra la producción, contra la comercialización y que estamos contra las riquezas que el narcotráfico genera para esos narcotraficantes”.
Esa lucha contra las drogas llevó a pensar al Gobierno nacional que no existe el suficiente control en las vías fluviales del país, las cuales, consideró como “autopistas del narcotráfico”, por lo que se debe contar con herramientas como, por ejemplo, el radar que se planea instalar en Gorgona
“Por la instalación del radar significa que Estados Unidos va a tener un control, no solo de la operación del radar, sino un control del país y que estamos entregando soberanía”, agregó el ministro Velásquez.
En cuanto a la soberanía de Colombia en el océano Pacífico, el ministro explicó que la ayuda de Estados Unidos en la construcción de la base es un esfuerzo para intentar controlar los cargamentos de droga que utilizan las costas colombianas y que no se trata de un interés imperialista.
“Que porque en la página de Estados Unidos dice que esto es de interés para Estados Unidos significa que se trata de un interés invasivo o de un interés imperialista o de un interés militar, y por qué no pensamos que es el mismo interés que tenemos nosotros en el combate al narcotráfico, por qué es interés para Estados Unidos que nosotros tengamos más capacidades de afectación del narcotráfico”, comentó el ministro de Defensa.
Por último, agregó que el control del radar será exclusivo de la Armada Nacional, por lo que invitó a la Procuraduría General de la Nación a que vigile qué país tendrá el manejo de la herramienta.
“Aquí hay una garantía de que el manejo del radar es exclusivamente de la Armada y que no hay intervención, no hay participación, que la Procuraduría vaya y revise sorpresivamente cada que esté en emisiones, que verifique quiénes son los que tienen el control”, concluyó el ministro.
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