Nuevas tarifas de salud llevarían a la quiebra a los hospitales y espantarían a los médicos: “Nadie va a regalar su trabajo”

El Gobierno nacional publicó el borrador del decreto con el que se modificaría el sistema de tarifas del sector de la salud, cambiando así lo establecido en el Manual del Régimen Tarifario que rige actualmente. El documento ha generado varios cuestionamientos por parte de profesionales de la salud, que consideran que los montos máximos establecidos para los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, servicios de internación y transporte asistencial, no son adecuados.

“La prestación de los servicios de salud debe estar en armonía con la actualidad científica, los avances tecnológicos, la práctica clínica y sus costos y las tarifas deben responder al mercado, así como enmarcarse en la razonabilidad del gasto y la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss)”, se lee en el documento publicado por el Gobierno Petro.

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Varios han cuestionado la disminución de las tarifas. Por ejemplo, según el asesor financiero en temas de salud, Luis Russi, por un TAC se paga actualmente $725.400, pero este precio disminuiría a menos de $200.000 con el nuevo manual tarifario. “Nadie, ninguna IPS a nivel nacional le va a brindar un servicio de un TAC a $157.000. Nadie”, detalló el experto, en conversación con El Tiempo.

Lo mismo se estaría evidenciando en otros procedimientos, como la osteotomía de clavícula, que es un procedimiento con el que se trata una fractura de clavícula. De acuerdo con el diario citado, pasaría de costar $1.899.800 a $1.480.028.

“El descaro del Gobierno, es absoluto, no se conforma con destruir el sistema de salud, sino que precariza nuestra labor. Que una punción lumbar, que es un procedimiento tan complejo, cueste menos que poner un par de cuñas acrílicas, es un irrespeto a la profesión médica”, precisó la médica internista Tatiana Villareal, que publica contenidos políticos y de salud en el diario El Universal de Cartagena. Según el documento en cuestión, una punción lumbar (diagnóstica o terapéutica) tendría una tarifa de Unidad de Valor Básico (UVB) de 1,68, y para 2024, la UVB quedó en $10.951.

La profesional de la salud aseguró que de esta manera el sistema de salud quedaría precarizado y los derechos laborales de los trabajadores se verían vulnerados y, por ende, la salida de médicos del país, que buscarían mejores oportunidades de empleo en el extranjero. “Nadie va a regalar su trabajo. Eso es una falta de respeto con todas las letras”, indicó.

Esta visión la comparte el exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria, que en X (antes Twitter), alertó sobre las posibles consecuencias que tendría el cambio de tarifas que querría establecer el Gobierno Petro en el sector. “El manual tarifario que publicó el Ministerio de Salud, de ser adoptado, llevaría a muchos hospitales a la quiebra con consecuencias nefastas sobre la atención. Parece diseñado como una venganza contra las IPS privadas y con la intención de segregar la atención en salud”, aseguró el exministro.

Según el documento, los cambios en las tarifas son para lograr sostener el flujo de recursos y, en esa medida, garantizar la prestación de los servicios a los pacientes. “La tarifa por concepto de servicios profesionales se conforma a partir de los factores tarifarios asignados al cirujano o intervencionista, anestesiólogo y ayudante quirúrgico (si aplica) en cada procedimiento”, precisa el borrador.

“Tener un manual tarifario es un sueño desde hace ya varias décadas. Este se ha venido construyendo con base en la experticia que ya hemos podido adquirir de referencias internacionales. Ya se ha venido validando con los diferentes grupos de interés, prestadores públicos, agremiaciones, con el talento humano en salud. Este manual ha considerado varias adecuaciones”, indicó el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, citado por El Espectador.

Según el asesor Luis Russi, se necesita que los monto establecidos sean justos, pero esto no se evidencian en la aparente “disminución” de lo que tendría que pagarse por algunos procedimientos. “No se trata de aumentar el gasto, no es cobremos por cobrar”, aseveró el experto a El Tiempo.