Millonario empresario vinculado con Avianca logró salir de La Picota: por qué estaba en la cárcel

Después de pasar cinco meses en detención junto a otras personas pendientes de extradición, el ciudadano salvadoreño José Ofilio Gurdián Lacayo fue liberado el pasado sábado.

Su salida se produjo después de que el establecimiento penitenciario La Picota, en Bogotá, recibiera instrucciones para su liberación a través de una carta de la Interpol, la cual fue enviada por el juez Tomás Alberto López Salinas desde San Juan Opico, El Salvador, el 18 de abril. Dicha información se dio a conocer a raíz de una investigación de El Tiempo.

Gurdián Lacayo tenía circular roja de la Interpol porque llevaba años siendo buscado por las autoridades de su país por delitos ambientales.

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En el documento, al cual tuvo acceso El Tiempo , el juez solicitó llevar a cabo las acciones pertinentes para anular la circular roja emitida con el propósito de extraditar a varios imputados: Ronald Antonio Lacayo Arguello, Sandra Cecilia Lacayo de Escapín y José Ofilio Gurdián Lacayo. Estos están siendo procesados por el delito de lesiones muy graves, afectando a numerosas víctimas (128) que residen en el Cantón Sitio del Niño de San Juan Opico.

Simultáneamente, los abogados en Colombia del empresario salvadoreño comunicaron a El Tiempo su intención de continuar denunciando el carácter arbitrario de la detención. “Agentes de la Interpol lo llevaron sin su consentimiento a territorio colombiano mientras se encontraba en tránsito hacia Inglaterra dentro del aeropuerto El Dorado”, afirmó el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien forma parte del equipo legal del empresario.

Y añadió que: “Además, el Salvador no acreditó la urgencia de la medida de captura, como lo exige en Colombia en el Código de Procedimiento Penal y al momento de la detención las conductas habían prescrito en Colombia”.

Sobre este caso, en noviembre de 2023, se informó sobre la detención en Colombia de un destacado empresario salvadoreño, quien en ese entonces formaba parte de la junta directiva de Avianca Holdings y tenía vínculos cercanos con los propietarios de la aerolínea.

Las autoridades colombianas, en coordinación con la Interpol, procedieron a su detención en el aeropuerto El Dorado, justo cuando el empresario llegaba procedente de Estados Unidos y se disponía a continuar su viaje hacia Londres para participar en una reunión de la junta directiva de la compañía. La captura se llevó a cabo en respuesta a una circular roja emitida por la Interpol, relacionada con un proceso judicial abierto en su contra por cargos de contaminación agravada con plomo.

Y es que, él, junto con varios familiares, enfrentaron acusaciones de haber perjudicado a más de 7.000 habitantes del municipio de San Juan Opico, debido a la contaminación con plomo originada por una antigua fábrica de baterías de su propiedad.

Luego de que fue capturado en territorio nacional, según reportes del diario El Tiempo, los abogados del empresario salvadoreño presentaron un documento oficial a la Fiscalía General de la Nación el 23 de noviembre, solicitando que se declare como ilegal la captura de su cliente y que sea liberado de manera inmediata. La petición se fundamenta en la alegación de que se vulneraron los derechos del empresario durante su detención en el aeropuerto El Dorado.

Los abogados de Gurdián Lacayo sostuvieron inicialmente que su cliente no estaba obligado a realizar procedimientos migratorios en Colombia, ya que únicamente se encontraba en tránsito por el país. Por este motivo, al descender del avión, tomó un autobús de Avianca destinado a trasladar a los pasajeros hacia la terminal internacional, donde esperarían su vuelo de conexión. No obstante, al descender del vehículo, fue detenido de manera coactiva por agentes de la Interpol, que posteriormente lo llevaron ante Migración Colombia. En dicha instancia, procedieron a sellar su pasaporte y formalizaron su detención.

Los abogados también señalaron que la detención se basó en una circular de la Interpol emitida en marzo de 2008, vinculada a acciones que tuvieron lugar entre 2003 y 2007. Argumentan que los delitos en cuestión habrían prescrito, según informa una fuente del diario El Tiempo, dado que han pasado 16 años, 1 mes y 11 días desde el incidente ambiental, excediendo así el período máximo de penalización establecido para ese tipo de delitos.