La Fiscalía General de la Nación sigue adelante con las investigaciones por la adquisición irregular de cuarenta carrotanques en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) para llevar agua a las comunidades vulnerables de La Guajira.
El ente acusador ya tendría listas las primeras imputaciones contra los implicados en el escándalo, al parecer por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Por su parte, el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, aseguró en un comunicado que no le interesa negociar para obtener beneficios judiciales y que está listo para defenderse.
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Por lo pronto, según pudo conocer el diario El Tiempo, una de las pistas que está siguiendo la Fiscalía es el supuesto pago de un soborno de 7.200 millones de pesos de un empresario que no ha sido identificado a tres funcionarios de la entidad del Gobierno.
“Un informante habla de una supuesta reunión entre tres funcionarios de la Ungrd y un empresario que no había sido identificado para unos supuestos pagos en efectivo, 2.400 millones de pesos por cabeza. Eso es lo que se está confirmando”, le dijo un investigador al medio mencionado, y que ya los teléfonos de los presuntamente implicados están siendo investigados.
El propósito es determinar si los aparatos estaban en el mismo lugar, el mismo día y a la misma hora que el informante señaló que ocurrió la reunión.
En medio de todo este escándalo, la emisora W Radio conoció que uno de los testigos clave le pidió a la Fiscalía medidas especiales de protección porque teme por su vida.
Se trata de Víctor Andrés Meza Galván, quien fuera el subdirector general de la Ungrd y que está siendo investigado tanto por la Procuraduría como por la Fiscalía por las irregularidades en la contratación de los carrotanques, que tuvieron un costo de 46.800 millones de pesos y que resultaron inservibles y obsoletos, por lo que a la fecha no han llevado ni una gota de agua a las comunidades de La Guajira.
Meza Galván rindió versión libre y voluntaria el pasado 15 de marzo ante la procuradora tercera delegada para la contratación estatal. Al finalizar la diligencia, su abogado, Juan Carlos Novoa Buendía, informó acerca del “temor de su prohijado, pues siente que se encuentran en riesgo su integridad y su vida entre otras cosas, por cuánto en su exposición refirió una posible adulteración de documentos concernientes a la ratificación de la orden de pago, hechos en los cuales podrían estar involucradas otras personas”.
Los cambios en la distribución de agua en La Guajira
Mientras las autoridades adelantan todas las investigaciones correspondientes para desenmarañar el millonario escándalo de corrupción, la Ungrd anunció cambios significativos en el sistema de distribución de agua en La Guajira, los cuales se efectuarán de inmediato según la circular 022 emitida el 2 de abril de 2024.
Los operadores de agua ahora tendrán que seguir directrices específicas establecidas tanto por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de La Guajira como por la Gobernación del departamento, alineando la distribución del recurso hídrico con las necesidades de las comunidades wayuu y las decisiones de las alcaldías locales.
La estrategia para esta nueva metodología incluye la utilización de mapeos y análisis de datos históricos para asegurar que el agua llegue a quienes realmente la necesitan en los municipios de Manaure, Maicao, Uribia y Riohacha.
Luis Carlos Barreto, subdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd, destacó durante una reunión con los cuatro operadores activos en la región la importancia de la equidad en la distribución del recurso vital, señalando la movilización de equipos para verificar la justa entrega del agua.
Adicionalmente, se han implementado sistemas de carga de información obligatorios para los operadores, los cuales son cruciales tanto para la continuidad de los pagos como para la rendición de informes.
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