A la cárcel exparamilitar responsable de varios homicidios de indígenas en Valledupar

En un hecho significativo para la justicia colombiana un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) responsable de varios homicidios fue enviado a prisión.

La labor se logró gracias a que la Fiscalía General de la Nación pudo aportar pruebas concluyentes sobre la participación de Elkin José Bermúdez Guerra, conocido con el alias de Turbo, dentro de una estructura paramilitar responsable del asesinato de tres miembros de la comunidad indígena kankuamo, el 16 de octubre de 2003, en una zona rural cercana a Valledupar, en el departamento de Cesar.

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Este avance judicial se debe al esfuerzo de un equipo de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el cual, a través de una investigación minuciosa, pudo establecer que alias Turbo, en compañía de otros exmiembros del Bloque Norte de las ya desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, ejecutó un plan criminal con una marcada crueldad. En su primer acto, intimidaron con armas de fuego a Ernesto Feliciano Maestre Arias, a quien posteriormente ataron, lesionaron con arma blanca y finalmente acribillaron.

El grupo armado continuó su jornada violenta trasladándose a otras dos fincas donde Pedro Nicanor Arias y Francisco Escobar Montero fueron asesinados. Este episodio se inscribe dentro de una estrategia de violencia extendida que las estructuras paramilitares aplicaron indiscriminadamente en contra de los pueblos indígenas, representando un ataque directo a comunidades vulnerables y protegidas bajo el derecho internacional humanitario.

Ante la contundencia de las pruebas, Bermúdez Guerra admitió su culpabilidad en los hechos y optó por una sentencia anticipada, acogiéndose a los términos establecidos por la Ley 600 de 2000, que regula el procedimiento dentro del antiguo Sistema Penal Acusatorio en Colombia. Como resultado, un juez Penal de Valledupar dictó una condena de 25 años y 8 meses de cárcel por el delito de homicidio en persona protegida, adicionando una sanción económica de 5.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En una acción judicial de la Fiscalía General se logró ejecutar las condenas de dos prominentes miembros de estructuras criminales que estaban dirigiendo actos violentos en contra de líderes sociales y firmantes de paz en las regiones de Antioquia y Norte de Santander.

Condena en Antioquia

Luis Fernando Henao Zapata, también conocido como Elier o El Paisa, quien fungía como cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, ha sido sentenciado a 26 años y 5 meses de prisión. Se le encontró culpable de cometer homicidio agravado, desaparición forzada, y el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Uno de los casos más notorios atribuidos a Henao Zapata fue el asesinato de Diana Patricia Higuita Cuervo, líder comunal en Ituango, Antioquia, el 8 de mayo de 2019, quien fue víctima de un ataque armado por parte de cuatro individuos. Igualmente, se le responsabiliza del asesinato de Yeison Andrés Amaya Zapata, un firmante de paz, ocurrido el 11 de septiembre de 2018.

Condena de alias Meme

Por otro lado, Deimer Sánchez Montejo, Meme, líder de la organización criminal Los Pelusos, recibió una condena de 10 años y 6 meses de cárcel. Este veredicto se dio después de que se le encontrara culpable en el ataque contra Jesús Salcedo Quiceno, familiar de un firmante de paz, en un acto violento que tuvo lugar el 5 de mayo de 2019 en Ocaña, Norte de Santander. La víctima sobrevivió a múltiples disparos mientras se encontraba en un establecimiento comercial. Alias Meme fue hallado culpable de intento de homicidio, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

Estas condenas no solo representan un triunfo para el sistema judicial colombiano, sino que también envían un mensaje poderoso acerca del compromiso del Estado en la protección de los derechos fundamentales de líderes sociales y firmantes de paz, quienes desempeñan roles críticos en el proceso de paz y la reconstrucción social del país.