Crisis en Asmet Salud: intervención gubernamental no mejora la situación, quejas de los usuarios van en aumento

La situación en Asmet Salud, la primera Entidad Promotora de Salud (EPS) intervenida bajo la administración del presidente Gustavo Petro, ha empeorado generando un aumento en las quejas y protestas por parte de los pacientes y una situación crítica para los hospitales y proveedores debido a la falta de pagos. La Superintendencia Nacional de Salud tomó control de la EPS el 12 de mayo de 2023, con la promesa de mejorar las fallas en la atención que ponían en riesgo la salud de sus cerca de 2 millones de afiliados en varios departamentos de Colombia.

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La medida, que se esperaba durara un año, fue una respuesta a las “reiteradas fallas en la atención” identificadas por el entonces superintendente Ulahy Beltrán. Sin embargo, a casi un año de la intervención, los problemas parecen haberse intensificado, lo que plantea preocupaciones sobre el futuro de otras EPS como Sanitas, Nueva EPS y SOS, que también fueron intervenidas tras el fracaso de la reforma al sistema de salud en el Congreso.

El informe que justificó la intervención de Asmet Salud destacaba la alta cantidad de peticiones, quejas, reclamos y denuncias que la entidad había recibido, situándola en el quinto lugar entre las 13 aseguradoras del régimen subsidiado en términos de observaciones. Además, la EPS acumulaba una deuda considerable de 954.000 millones de pesos con sus prestadores y proveedores, de los cuales 539.000 millones correspondían a pagos pendientes por más de 180 días.

Luis Carlos Gómez Núñez fue designado como agente interventor por la Superintendencia de Salud, con la tarea de recuperar la viabilidad de la EPS. A pesar de los esfuerzos, los pacientes continúan enfrentando un “calvario” para acceder a servicios básicos de salud, recibir medicamentos, programar citas con especialistas y obtener autorizaciones para procedimientos complejos.

Según Semana los proveedores y pacientes han denunciado una serie de violaciones a sus derechos fundamentales y de acuerdo con datos de la Superintendencia, las quejas y reclamos han aumentado drásticamente, pasando de 28.972 en 2022 a 45.164 al finalizar 2023, con 4.918 quejas ya registradas en lo que va del año.

Semana obtuvo el testimonio de familia de Liseth Valentina González Cruz, una bebé de seis meses de El Bordo, Cauca, que sufre de atrofia muscular espinal tipo 1 y reside en Popayán con su madre, Liseth Vanesa.

Liseth Valentina, quien depende de una serie de tubos y máquinas para sobrevivir, fue diagnosticada con esta rara enfermedad tras ser hospitalizada por neumonía y presentar vómitos persistentes. Los médicos prescribieron el medicamento risdiplam Evrysdi, que tiene un costo de 98 millones de pesos por dosis, para ser administrado diariamente durante dos meses.

La familia, enfrentando la negativa de la EPS a cumplir con las tutelas interpuestas, llevó su caso a las redes sociales en busca de apoyo. Sin embargo, Asmet Salud declaró inesperadamente que la niña no requería el medicamento, alegando que su condición era incurable y enviándola a casa con equipos médicos. Esta respuesta contradice la opinión de los médicos tratantes, quienes no indicaron que Liseth Valentina pudiera prescindir del tratamiento. La abuela de la niña expresó su consternación ante la afirmación de la EPS, que llegó justo después de que la familia hiciera público su caso.

Otro de los testimonios obtenidos por el mismo medio de comunicación fue el de Marina, una de las afectadas, expresa su frustración ante la falta de recursos legales y conexiones para defender sus derechos: “Uno no tiene abogados, no conoce a nadie. Lo que digan eso es”, lamenta.

Por otro lado, la historia de Joan Sebastián Rodríguez Zuluaga, un joven de 26 años que sufrió un grave accidente de motocicleta en San Vicente del Caguán, Caquetá, pone de manifiesto las carencias en la atención médica. Tras el accidente, Joan, conocido como Seba, fue llevado al hospital en estado crítico. Su madre, Graciela Zuluaga, le contó a Semana la angustia de encontrar a su hijo en coma, con múltiples fracturas y pérdida de memoria. La falta de respuesta de Asmet Salud obligó a Graciela a dejar su trabajo en Bogotá para luchar por la atención médica de su hijo, quien aún sufre las secuelas del accidente sin recibir la terapia necesaria.

Este caso no es aislado. En municipios de Cauca, Caquetá y Caldas, los usuarios han intentado llamar la atención sobre la mala gestión de la aseguradora. Meyer Gerardo Muñoz, representante legal de la Asociación Guerreros de Corazón, ha organizado protestas contra Asmet Salud por la falta de medicamentos y atención adecuada. “Asmet Salud anteriormente tenía dificultades. Pero después de la medida ha sido lo más grave”, afirma Muñoz, que también lamenta la muerte de una mujer de su asociación por la falta de insumos médicos.

Los proveedores también se ven afectados. Uno de ellos tuvo que despedir a 400 trabajadores debido a la falta de pagos por parte de la EPS, lo que ha llevado a la suspensión de servicios a los pacientes. La ESE Francisco de Paula Santander en Santander de Quilichao, Cauca, enfrenta una deuda de más de 3.000 millones de pesos por parte de Asmet Salud, lo que ha puesto en riesgo el pago de salarios y casi resulta en un plantón.

El representante conservador Mauricio Cuéllar, del Caquetá, ha denunciado la situación crítica de la EPS en su región: “Sigue prestando el servicio, pero no gira. No está cumpliendo con los pagos y mucho menos con la entrega de medicamentos”. Cuéllar advierte que una posible liquidación de la EPS podría desencadenar una crisis en el territorio y ha solicitado un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara, que aún no se ha programado.