
Los efectos del calentamiento global y la intervención humana están logrando lo que parecía hace unos años imposible. Una de las playas más cercanas a El Rodadero, en Santa Marta, está a punto de convertirse en una zona de difícil acceso por cuenta de la erosión costera que está dejando sin arena, ni zonas para bañistas, a los habitantes del popular sector.
Se trata de playa Salguero que, además de sufrir la inclemencia del calentamiento global, ahora suma una polémica por las decisiones de la anterior administración, liderada por Virna Johnson, que adjudicaron un contrato para salvar la zona turística sin contar con los permisos ambientales necesarios, ni estudios previos sobre el impacto de las obras en el deterioro de la playa.
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Y es que la construcción de espolones para mitigar el impacto de las olas fue avalada por la Alcaldía de Santa Marta, que aceleró la firma de este contrato, valorado en 27.000 millones de pesos, con la justificación de enfrentar una “situación de calamidad pública por la erosión costera”, además de la urgencia manifiesta que les permitió hacer una contratación directa.
“Primero dijeron que serían cuatro espolones, luego cinco, y esta última propuesta dice que son seis”, señaló a El Espectador Arieh Kaplan, representante de la veeduría ciudadana que supervisa el tema de erosión en Salguero.

De hecho, el proceso de contratación ha sido objeto de críticas por parte de entidades de control y veedurías ciudadanas, especialmente porque se realizó bajo un esquema de contratación directa pocos días antes, exactamente dos, de la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
Y es que, sin importar las repetitivas peticiones para presentar la documentación y estudios previos, el proyecto siguió su curso y en agosto de 2023, dos meses después de haber sido adjudicado el contrato, los residentes y turistas se encontraron con maquinaria amarilla para iniciar con la construcción de espolones, lo que exacerbó las inquietudes sobre la transparencia y legalidad del proyecto.
“Se están realizando actividades de construcción de espolones sin contar con el instrumento de manejo y control ambiental que permita garantizar el manejo adecuado de los recursos naturales y evaluar los impactos ambientales que puedan generar las obras”, aseguró la Anla en una investigación, incluyendo el carácter permanente de las intervenciones que podría acelerar el deterioro de Salguero.
Pero es que la zona turística y residencial también se ha visto marcada por proyectos de desarrollo urbanístico acelerados y cambios ambientales drásticos, lo que ha marcado la pérdida de hasta cinco metros de la línea costera por año, según datos del Invamer. Este acelerado desarrollo ha reemplazado la vegetación natural por infraestructura, dejando gravemente vulnerable a la zona ante la erosión.

Además de los problemas ambientales que han quedado en el olvido tras la suspensión de las obras en septiembre de 2023 ante las irregularidades, el polémico contrato también ha quedado en el escrutinio por su trazabilidad en el Secop, además de la falta de voluntad de la Alcaldía de Santa Marta para entregar información sobre dicha alianza que, según conoció El Espectador, logró desembolsar 8.000 millones de pesos, a pesar del acuerdo inicial que implicaba el pago total una vez se entregaran las obras.
Por su parte, las empresas involucradas en la construcción y supervisión de las obras: Servicios de Dragados, Nova S.A.S., Tecnourbanas y el Grupo RC Construcciones, tienen un largo historial de contratación con entidades municipales y ambientales de Santa Marta, además de entidades públicas como las corporaciones ambientales del Magdalena y Cesar, el Invías y hasta la Alcaldía de Cartagena.
Entretanto, las autoridades ambientales se encuentran en la evaluación de los daños que pudo causar la creación de un espolón de 60 metros de largo, además de otro que quedó sin terminar al momento de la orden de suspender, teniendo en cuenta que durante los meses de mayo y junio es cuando mayor erosión presenta la playa por las fuertes mareas.
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