La propuesta de una polémica ley de ‘punto final’ presentada por excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc ha generado una seria alerta por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La JEP advirtió que, de seguir adelante con esta idea, podrían abrirse las puertas a la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).
El exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, recién llegado a Colombia, se mostró a favor de la aplicación de esa ley, que sería indulgente con cientos de personas que están siendo juzgadas por delitos en el marco del conflicto armado colombiano.
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El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se pronunció sobre la propuesta, señalando que si una ley de ese estilo fuera compatible con los principios del Gobierno, “podríamos analizarla”. Sin embargo, recalcó que el objetivo principal del Gobierno es esclarecer la verdad de lo ocurrido, reparar a las víctimas y evitar la impunidad.
Fue justamente el abogado de Mancuso quien dio a conocer esa iniciativa del exjefe de las AUC. Jaime Paredes, quien lleva el proceso legal, describió la propuesta como una ley de “cierre” en lugar de un “punto final”; no obstante, al parecer no habría mayor distinción entre ambos términos.
Su propuesta trata de involucrar la creación de una especie de “ley” o “tribunal” que podría suplantar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo que surgió del Acuerdo de Paz pactado en 2016 entre el Estado colombiano y el extinto grupo guerrillero de las Farc-EP. No es claro si, en cambio, se le apuntaría a que el tribunal coexista con la JEP, pero teniendo más autoridad que la Jurisdicción de Paz.
Las reacciones sobre una propuesta de ley de Punto Final
Como se mencionó, esta no es la primera vez que sugerirían una ley de ese estilo. De hecho, el pasado 6 de marzo, el antiguo secretariado de las FARC envió una carta al presidente Gustavo Petro manifestando su preocupación por lo que consideraron un “incumplimiento” de la JEP por citar a versión libre a nueve exmiembros de las Farc sobre el caso del atentado en el Club El Nogal de Bogotá en una fecha diferente a la original: las audiencias estaban fijadas para el 12 y 13 de agosto.
Dicha comunicación, suscrita por figuras prominentes como Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Pastor Alape, entre otros líderes del proceso de negociación en La Habana, planteó la inquietud de que la JEP estaría vulnerando el principio de legalidad al exponer a los comparecientes a posibles condenas múltiples en casos abiertos. En respuesta, durante su intervención ante la Sala Plena de la JEP, los representantes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU expresaron un respaldo unánime a la Jurisdicción Especial para la Paz.
La JEP ha respondido de manera firme a estas críticas, dejando claro que a los comparecientes no les compete ni dirigir ni influir en el funcionamiento del tribunal, mucho menos emitir órdenes al respecto.
La ley de ‘Punto Final’ se trata de una medida que, esencialmente, busca otorgar amnistías generales para poner fin a las acusaciones penales contra los excombatientes y cesar su comparecencia ante la justicia.
No obstante, la JEP ha sido enfática en señalar que la amnistía tiene un alcance limitado y que, en aras de respetar el Derecho Internacional, “no se pueden conceder amnistías por crímenes internacionales, crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad”, como afirmó el presidente de la Jurisdicción, Roberto Carlos Vidal, a El Tiempo.
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe también expresó su perspectiva sobre la viabilidad de aplicar la Ley de Punto Final en Colombia a través de su cuenta oficial en la red social X el pasado 3 de marzo. Allí expresó que una de ese estilo sería inaceptable.
En sus palabras, Uribe dijo: “La ley de punto final: es inaplicable en Colombia. De manera pública he propuesto una amnistía política, no penal, por una vez, para recuperar derechos políticos de condenados. Será necesario dado el antecedente de impunidad absoluta con la Farc y aquello que se asoma con el ELN y otros”.
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