José Antonio Salazar dijo que evitó el detrimento patrimonial de $117.000 millones en el contrato de pasaportes

El lunes 26 de febrero de 2024, se conoció que el ex secretario General de la Cancillería José Antonio Salazar adjudicó el contrato para la expedición de pasaportes en el país a la firma Thomas Greg & Sons, lo que llevó a que el presidente Gustavo Petro firmara su insubsistencia en el cargo e, incluso lo tildó de “traidor”.

Por eso, sobre su actuar, Salazar explicó que se trató del cumplimiento de la ley, aunque sus actos administrativos también sirvieran para que la Procuraduría General de la Nación levantara la investigación en contra de su amigo y exjefe, el canciller Álvaro Leyva.

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Así lo explicó en una entrevista con el periodista Daniel Coronell, en la que comenzó por asegurar que nunca recibió ni le ofrecieron un soborno para tomar la decisión que beneficia a la firma en un contrato por 599.000 millones de pesos: “En absoluto no, y creería que nadie que me conozca pensara lo hubiera hecho”.

Salazar aseguró que su familia tampoco recibió el supuesto soborno, puesto que por las ocupaciones propias de sus funciones como secretario General de la Cancillería se tuvo que alejar de sus seres queridos: “Las relaciones con mi familia han estado distantes desde que asumí las funciones de secretario General de la Cancillería, porque el cumplimiento del deber no da tiempo para atender los deberes familiares”.

También dio a conocer la respuesta que recibió por parte del suspendido canciller Leyva en el momento en el que se supo que Salazar había firmado el acto administrativo que le adjudicaba el contrato a Thomas Greg & Sons.

“Después de haber expedido y entrado en vigencia los actos administrativos que son objeto de tanta información, yo llamé al canciller suspendido y le dije lo que había hecho. Su primera respuesta fue de sorpresa y me dijo: ‘José, sabiendo que usted fue el secretario que yo llevé a la Cancillería, ¿por qué no me dijo eso antes?’. Mi respuesta fue: ‘Como usted está suspendido, no creí necesario informarle y yo tenía las competencias para arreglar semejantes problemas y eso fue lo que hice’”.

Salazar agregó que con su actuación y con la firma de sus actos administrativos hay consecuencias que benefician al país, pues se evitó un detrimento patrimonial de $117.000 millones: “La primera, evitarle de plano y de lleno un detrimento patrimonial al Estado, mediante la inadmisión de una demanda de 117.000 millones de pesos, ya que el Tribunal Administrativo, de inmediato, inadmitió esa demanda diciendo que, por estar revocados los actos administrativos, procedía a inadmitirla”.

Pero, otra de las consecuencias, en beneficio de Álvaro Leyva, era que tras la adjudicación del contrato quedaría sin piso la suspensión por parte de la Procuraduría General de la Nación al canciller Leyva, el cual debería poder regresar a su cargo luego de estas medidas.

“Efectivamente, manifesté que una de las consecuencias que debiera tener era el reintegro del canciller porque terminaron las causas que determinaron su suspensión, porque la Procuraduría cuando lo suspendió dijo que era para que no siguiera haciendo lo mismo, al desaparecer esas causas se debe proceder, en mi criterio jurídico, y no es por favorecerlo, sino porque es un hecho real, una consecuencia que debe derivarse de mis actos administrativos”, afirmó.

José Antonio Salazar aseguró que su propósito en el cargo como secretario General de la Cancillería era el de cumplir con lo estipulado en la Constitución Política y evitar el detrimento patrimonial al Estado por la demanda de la firma a la que le fue adjudicada la expedición de pasaportes: “Mi propósito es cumplir, a cualquier costo, con la Constitución y la ley, prestarle un servicio al país, evitar un detrimento patrimonial que se veía venir, entonces, eso de pronto lo dije para mostrar los beneficios que le trae a la administración pública mis decisiones”.