Para reclamar nuevos vasos promocionales, ciudadanos se robaron las tapas de gaseosa en un supermercado de Santa Marta

Destapadas y sin consumir se ven las botellas de coca cola no retornable en los estantes de un supermercado en Santa Marta, luego de que una o varias personas (aún está por determinar) se robaran las tapas para intercambiarlas por vasos promocionales.

Se trata del almacén del grupo Olímpica en barrio Bastidas, en donde se habría tenido que iniciar una investigación para evitar que las bebidas de la marca sigan perdiéndose, tras ser violentadas por los “entusiastas de la vajilla”.

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Según se explica en plataformas de denuncia a través de las redes sociales, a cambio de cinco tapas de la marca Coca-Cola se estaría entregando un vaso coleccionable, el cual, habría desatado este nuevo comportamiento en supermercados de la capital del Magdalena.

Una pena; ya que se ven afectados los supermercados o se deben sacar de circulación las bebidas forzadas y los vasos estarían quedando en manos de personas inescrupulosas que, como era de esperarse, despertaron un rechazo generalizado en redes:

“¿Qué te puedo decir?”, “Deberían hacer un libro con los robos más descarados, empezando por este”, “Colombia es un chiste”, “¿Y para qué están las cámaras?”, “Cuando pensaba que nada podría sorprenderme llega esta noticia”, “Nooombe”, “De a poco piensan ir consiguiendo la vajilla”, “Solo le falta ponerse a vender el vaso”, “Colombia resumida en una noticia. Cuando se tiene la oportunidad de hacer una bajeza, rara vez se desaprovecha”.

Artículos que más suelen robarse de los supermercados en Colombia:

El último Censo Nacional de Mermas realizado por la consultora We Team y Sensormatic expuso una problemática creciente en el sector comercial, donde los robos en almacenes y supermercados originan pérdidas anuales que ascienden a los 135.000 millones de pesos (aproximadamente 35 millones de USD), lo que equivale al 17,94% de la merma operativa desconocida.

Según reveló Fenalco en Cartagena, dicho estudio muestra cómo, de los 42.000 casos de robos registrados anualmente, un 95% son perpetrados por individuos externos a los establecimientos, mientras que el 5% restante involucra a personas vinculadas al comercio o logística.

Este hurto a comercios, predominado por fines de lucro más que por necesidad, ha llevado a un alarmante incremento del 47% en asaltos a mano armada, además de evidenciar un notable crecimiento en fraudes POS y electrónicos, así como en devoluciones ficticias que, solo durante el 2022, se elevaron en un 13%. El fraude con tarjetas de crédito, por su parte, aumentó un 14%, y el fraude virtual un 9%, comparado con las cifras del 2021.

Los resultados del censo también indican que los productos más sustraídos incluyen esenciales de la canasta básica familiar como atún y enlatados, granos (lenteja, arroz), productos cárnicos, entre otros. “El robo a comercios hay que combatirlo”, sentenció el director de Fenalco, tildando este delito como un “cáncer contemporáneo” y solicitando leyes más severas para su erradicación.

La situación se vio agravada por la inminente entrada en vigor, a partir del 1 de noviembre del 2023, del impuesto saludable incluido en la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro. Este impuesto, afectó significativamente tanto a tenderos como a consumidores, especialmente en los estratos uno, dos y tres, donde se localiza el 95% de las tiendas de barrio.

Las bebidas azucaradas y los ultraprocesados, que representan hasta el 16,8% de los ingresos totales de una tienda, tendrán un especial impacto. “Los estratos uno, dos y tres serán los más afectados”, alertaron desde Fenalco al referirse al impuesto saludable.

Según las estimaciones econométricas del Programa de Desarrollo Empresarial y Social del Comercio de Barrio de Fenalco (Fenaltiendas), el impacto de este impuesto podría traducirse en una reducción mínima del 8% de los ingresos totales de una tienda en su primer año de implementación.

Además, se estima que, a mediano plazo, en tres años, esta disminución continuada podría poner en riesgo la viabilidad del 25% de las tiendas y panaderías del país, presionando aún más al sector comercial ya afectado por la criminalidad.