
La licitación para la elaboración de los pasaportes en Colombia es uno de los grandes dolores de cabeza del Gobierno nacional. Luego de que el canciller Álvaro Leyva —hoy suspendido por la Procuraduría General de la Nación— declarara desierto el proceso licitatorio, Thomas Greg & Sons, la empresa que se iba a quedar con el millonario contrato, anunció una demanda contra el Estado. Situación que quiso evitar José Antonio Salazar, hoy ex secretario General de la Cancillería, el 26 de febrero, echando para atrás lo actuado por Leyva.
Esto le costó su salida de la Cancillería, aunque el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, el 27 de febrero advirtió, además de que Salazar se había extralimitado en sus funciones, que el ex secretario General había sido notificado desde el 22 de febrero de que saldría del Ministerio de Relaciones Exteriores. En un video, el canciller (e) también advirtió que Salazar adjudicó un contrato sin el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, algo que supuestamente el ministro de Hacienda contradijo, que es lo que nos convoca en este momento.
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El 28 de febrero, luego del pronunciamiento del canciller (e) Murillo, quedó la duda en el ambiente si el Gobierno tendría los recursos para asignar el millonario contrato, pues advirtió:
“No es cierto, como se afirmó en la resolución, que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal No. 74923 para el proceso contractual antes referido. Estos recursos fueron reasignados desde, el 2 de octubre del año pasado, para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal”.

Ante esto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo, según lo citan en W Radio, que ninguna licitación se puede abrir sin el certificado de disponibilidad presupuestal, señalando que los recursos para contrato para elaborar los pasaportes estaba disponible: “Usted no puede sacar una licitación sin que tenga un certificado de disponibilidad presupuestal. Es lo primero que le van a pedir. ¿Tiene el certificado de disponibilidad presupuestal? Sí, entonces habrá que hacer la licitación. Por lo tanto, la plata está ahí”.
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Luego de estas declaraciones, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado, aclarando que “José Antonio Salazar adjudicó el proceso que estaba declarado desierto y con un CDP que había caducado” y que las declaraciones del canciller (e) son correctas, pues dicen que “está en lo cierto cuando dice que hay un proceso vigente que no ha sido adjudicado y el Dr. José Antonio Salazar se extralimitó en funciones adjudicando algo que ya se había declarado desierto”.
También reiteró que “ningún proceso licitatorio puede iniciarse sin un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) vigente y no puede haber dos CDP vigentes sobre el mismo proceso licitatorio”.
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Este comunicado fue calificado como un “reversazo” del Gobierno nacional. Ante esto, el presidente Gustavo Petro, en X, negó que haya habido un reversazo, señalando que la ley impide que se adjudiquen licitaciones sin el certificado de disponibilidad presupuestal, por lo que reiteró que José Antonio Salazar, al adjudicar espuriamente la licitación a Thomas Greg & Sons, habría violado la ley, pues este proceso ya no tiene el CPD, pues el que existe es para el nuevo proceso licitatorio que está en marcha.
“Ningún reversazo. No se puede adjudicar contratos sin un CDP dice la ley, es decir mientra no se expida certificación dd minhacienda del dinero para ese proceso licitario. El CDP, Cupo de Disponibilidad Presupuestal, que existe hoy es para el proceso licitatorio que se está presentando y sobre el que tambien recaen dudas de configurar sus claúsulas de la forma de un pliego sastre, es decir con ganador predeterminado. Luego el señor Salazar violó la ley (sic)”, escribió el presidente, en X.
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