Exdirector de la Agencia Nacional de Tierras será investigado por sobrecostos en la compra de un predio para campesinos

La Procuraduría General de la Nación tomó acciones concretas al ordenar una investigación disciplinaria en contra del exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, por presuntas irregularidades en la adquisición de un terreno situado en Chimichagua, departamento del Cesar.

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Desde el ente de control se deberá establecer si el exdirector de la ANT tiene responsabilidad en este predio, que sería para la adjudicación a campesinos de la zona. Una de las principales anomalías de las tierras en Chimichagua habría sido el valor por el cual se adquirió, un costo significativamente superior al del mercado.

El foco de la investigación radica en la decisión de proceder con la compra del inmueble a un costo que excede en un 70% su avalúo real. Parte de este escrutinio se centrará en el análisis comparativo de mercado previo a la oferta, en el cual, al parecer, se estableció el precio de compra basándose en analogías con otros cuatro terrenos de características similares listados en sitios de internet.

“Oscilan entre los $1.000 y los $4.800 millones, a pesar de lo que aparentemente se ofrecieron $8.500 al vendedor y la cifra final oscilaría los $5.000”.

Además de lo señalado desde en el ente de control se ha mencionado que el terreno tiene problemas, específicamente en lo referente a su capacidad productiva, donde se estima que un 32% del área adquirida no sería apta para labores agropecuarias.

La Procuraduría busca no solo verificar los hechos y esclarecer las circunstancias en que se realizó esta operación, sino también definir si tales acciones constituyen faltas disciplinarias por parte del exfuncionario, y si estas pudieran estar sujetas a alguna forma de exención de responsabilidad. Para ello, se ha dispuesto la realización de diversas pruebas que contribuirán a la profundización de la investigación.

Este caso pone en relieve la importancia de la transparencia y la adecuada gestión de los fondos públicos, en especial cuando se trata de adquisiciones que tienen como fin último el beneficio social de comunidades campesinas, reafirmando la necesidad de un escrutinio continuo sobre el manejo de recursos en entidades gubernamentales.

La situación del terreno en Cesar es similar al de la finca Santa Fe ubicada en el municipio de Majagual, departamento de Sucre. Allí las 515 hectáreas que fueron adjudicadas a familias campesinas en enero del presente año han salido improductivas para las familias, así lo han señalado en medios de comunicación como en la emisora BluRadio:

“Esta es una tierra improductiva, de momento estamos cruzados de brazos porque no podemos meter ni una máquina, sembrar una mata de arroz, de yuca o plátano, porque no tenemos acceso a eso, estamos embotellados porque además el terreno no tiene vía de acceso y nos toca pedir permiso por otros pedios privados para poder llegar”, comentó uno de los beneficiados identificado como Amado Torrente Vega.

Vale recordar que hace algunos días el exdirector de la ANT denunció una campaña en su contra liderada por el Ministerio de Agricultura, comparándola con persecuciones del paramilitarismo. Vega alegó una conspiración para encarcelarlo e incluso acabar con su vida debido a su gestión, marcada por disputas sobre la implementación de la reforma agraria.

Su salida, precedida por el informe de gestión que culminó el 2 de febrero sin anuncios significantes, dejó al cargo a Felipe Harman. Durante su administración, el presidente Gustavo Petro y la ministra Jennifer Mojica mostraron insatisfacción hacia las cifras de implementación de la reforma agraria, llegando a acusar a Vega de alterarlas. Tras su salida, se investigan irregularidades en compras de tierras, incluyendo la finca La Grosería, cuestionada por sobrevaloración y no aptitud para la agricultura.

La ANT anunció que no se realizarán pagos por dicho predio hasta que una auditoría interna esclarezca la situación, buscando garantizar transparencia en el proceso de reforma agraria. Además, se menciona el traslado de fondos y transacciones dudosas vinculadas al empresario Raúl Botero Botero, subrayando la complejidad de los desafíos que enfrenta la reforma agraria en Colombia.