Prenden las alarmas por fortalecimiento de grupos armados y la incapacidad del Estado de controlar los territorios

El más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) alertó por la situación actual de la violencia en Colombia y retos del proceso de paz que adelanta el Gobierno nacional con algunos grupos armados.

En el documento, titulado Paz total: los grupos armados ganan con cara y con sello, la fundación señala que los grupos al margen de la ley se fortalecieron, al tiempo que los indicadores muestran que ha disminuido su impacto en el territorio. Un panorama contradictorio.

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Lo anterior, para la FIP supone un reto que corresponde al Gobierno al tener que manejar el recrudecimiento de la violencia por cuenta de constantes enfrentamientos entre grupos armados, lo que, a su vez, se evidencia en los tableros de negociación y en las condiciones de seguridad.

Señalan que no es posible atribuir una reducción de los impactos humanitarios a la política de Paz Total y en particular a los ceses al fuego, como algunos han sostenido.

“Desde el seguimiento que venimos haciendo en la FIP, encontramos que el escenario actual está más bien determinado por las dinámicas de los grupos armados en función del objetivo primordial de sostener y ampliar su gobernanza criminal en medio de los diálogos y negociaciones con el Gobierno”.

Seguido, la FIP puso en duda el verdadero objetivo de los ceses al fuego: “(…) han tenido serios obstáculos para un monitoreo eficaz, han jugado en favor de este objetivo, lo que deja grandes interrogantes sobre el efecto real que está teniendo la política de paz en la seguridad de la gente y sobre el control del Estado en las zonas más vulnerables del país”, señala el informe.

Los datos que explican el fortalecimiento de los grupos armados en Colombia

De acuerdo con la FIP, los grupos armados se han fortalecido en ciertas zonas del país y las disputas que tienen entre ellos por el control territorial han aumentado de manera significativa.

Las cifras evidencian que los enfrentamientos entre grupos crecieron 54%, las acciones contra la infraestructura y bienes civiles se mantuvieron estables y los ataques a la fuerza pública continuaron cayendo (-2%), aunque a un menor ritmo que en 2022.

Sin embargo, 2023 cerró con una disminución de la mayoría de los indicadores de impacto y afectación humanitaria. Destaca la fundación que dicha reducción se concentra en las zonas que dominan los grupos armados y que pueden explicarse como parte del proceso de consolidación de su control social y territorial.

En cuanto a las zonas de dominio de grupos armados, el informe señala que de cinco identificadas en 2022, se pasó a por lo menos nueve en el 2023, destacando que “las acciones del Gobierno no han tenido efectos positivos en zonas que concentran enfrentamientos”.

“El Estado Mayor Central (EMC) tiene injerencia y control en zonas en Meta, Guaviare y Caquetá, el Clan del Golfo controla territorios en Córdoba, el Urabá y gran parte de Chocó, y el ELN aún posee un fuerte dominio sobre Arauca y en otras zonas del otro lado de la frontera con Venezuela”.

Otro aspecto importante que encontró la FIP como resultado de su monitoreo, es que hay alianzas tácticas entre grupos para expandirse territorialmente o contener el avance de un actor determinado. “Así ocurre en el norte de Antioquia y sur de Bolívar, con la asociación entre el EMC y el ELN para contener el avance del Clan del Golfo. También en Nariño, donde recientemente se hizo pública la alianza entre la Segunda Marquetalia y el ELN para debilitar al EMC”, señaló.

El llamado de la FIP

Ante el panorama de violencia que enfrenta Colombia por cuenta del recrudecimiento de la violencia, la Fundación Ideas para la Paz hizo un llamado al Gobierno para concentrar los esfuerzos de seguridad en contener las disputas y debilitar las zonas de dominio ilegal.

Además, insistió en “impulsar la apuesta de transformación territorial en las regiones más afectadas por la violencia armada y la fragilidad del Estado contenida en el Acuerdo de Paz del 2016″.

Finalmente, la FIP considera necesario “afianzar los procesos de negociación en curso mediante un seguimiento más robusto y transparente de los ceses al fuego, la delimitación de los alcances de las mesas que apenas inician y avanzar en la definición de los mecanismos de sometimiento y de justicia transicional para los grupos con los que se está negociando”.