
Al menos cinco personas resultaron heridas y un líder comunitario fue detenido, al parecer, de manera arbitraria en el barrio El Faro, de la comuna 8 (Villa Hermosa) de Medellín, el pasado miércoles 14 de febrero, por la mañana, en medio de un nuevo operativo de desalojo a diez familias que desde el 2017 fueron declaradas invasoras por la Alcaldía.
Ellas, sin embargo, argumentan que tienen todos sus papeles en regla y que si alguien debería enfrentarse a la Policía es quien llegó a venderles el terreno y, se presume, podría integrar un grupo armado.
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Al operativo llegaron funcionarios de la Secretaría de Gestión y Control Territorial y agentes de la Policía. Entre ellos, el patrullero que, según se aprecia en el video denuncia realizado por uno de los habitantes del sector, empujó por la ladera de la montaña a una mujer que protestaba por el desalojo.
Los miembros de ambas entidades solicitaron acompañamiento de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Udmo), antes conocida como Esmad, que protegieron al uniformado, luego de que los habitantes del sector exigieran respeto y cuestionaran su alcance.
Las autoridades sostienen que al menos 10 familias viven en construcciones ilegales, que la zona está protegida, es de alto riesgo y, además, los atacaron con piedras. sin embargo, el representante del Área Jurídica de la Mesa de Derechos, Jhonatan Medina, dijo a RCN Radio que la protesta fue pacifica.
Mientras, la reacción de los uniformados arroja el siguiente balance: “Desde los sectores de Derechos Humanos de la comuna 8 denunciamos en este momento: 1. alerta por posible desalojo en el barrio el Faro a comunidades; 2. Presencia del ESMAD y policía; 3. Detención de un líder perteneciente a sectores de Derechos Humanos”.

Violencia policial en Antioquia: esto dicen las cifras
Según el informe de Expresiones de la violencia policial en Antioquia de la organización Defender la libertad asunto de todos, durante el 2022 se registraron altos índices de violencia policial en el departamento, alcanzando un total de 37 incidentes.
Esta cifra suma 2 homicidios supuestamente perpetrados por miembros de la fuerza policial, destacando un caso en Bello con el uso de un dispositivo eléctrico taser.
Además, se reportaron 2 casos de violencia sexual y 18 de violencia física, mediante la utilización de la fuerza de manera ilegítima, desmedida e innecesaria en el curso de operaciones policiales.
Dentro del contexto histórico, Antioquia ha sido escenario de preocupantes episodios de abuso por parte de las autoridades. En noviembre de 2021, en Medellín, una mujer fue agredida y estrangulada por dos agentes de la Policía del Valle de Aburrá durante su arresto.
Eventos similares continuaron manifestándose en el 2023, como la agresión a un ciudadano en una discoteca de Remedios; la brutalidad ejercida contra un joven en Medellín, y el ataque contra un adulto mayor y su hijo en Itagüí, así como agresiones adicionales en Fredonia y la ciudad de Santa Rosa de Osos.
Sin embargo, la violencia policial no se limitan al ámbito público; también se extienden a espacios como los Centros de Atención Inmediata (CAI), estaciones policiales y Unidades de Reacción Inmediata (URI), donde la policía debería actuar como garante de los derechos de los detenidos.
En el plano del género, se han documentado casos de abuso sexual perpetrados por agentes, incluyendo el de una joven de 13 años en una zona semirrural de Andes y de una menor de 15 años en el Comando de Policía de Urabá.
Una problemática añadida es la alta impunidad frente a estos actos de violencia, lo que contribuye a la perpetuación de los abusos. Un caso emblemático de este fenómeno involucró a dos patrulleros que, tras causar un accidente y solicitar un soborno, quedaron libres de cargos.
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