
El 31 de enero Juan Camilo Castilla renunció a su cargo como asesor de la Alcaldía de Cali, tras las denuncias por presunta violación contra dos mujeres, expuestas por un reconocido periodista de la ciudad.
En el testimonio, las dos mujeres acusaron al abogado Juan Camilo Castilla de conducta inapropiada, incluyendo acoso sexual y abuso, generando controversia en la administración de Alejandro Éder.
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Ante la polémica, Castilla renunció alegando que las denuncias forman parte de un plan para desprestigiarlo en un momento crucial de su carrera profesional, por lo que se comprometió a enfocarse en su defensa.
Luego de que pasara más de una semana de su renuncia, el exasesor ventiló alguna de las pretensiones de Éder con el Gobierno de Gustavo Petro, debido a que Castilla ha sido un fiel seguidor del progresismo y su entrada al Gobierno Éder representó un “vínculo” para acercarse al Gobierno de Gustavo Petro.
La presencia de Castilla, según fuentes consultadas por La Silla vacía, representaba un golazo para la campaña de Alejandro Éder, que en 2023 se estaba disputando la Alcaldía de Cali; afirmó que a pesar de no hacer parte activa de la organización, sí “se la jugó por Alejandro”: “Para nosotros en su momento nos parecía interesante que un bloque de izquierda se hubiera interesado en Alejandro”.
Uno de los líderes de la campaña Revivamos a Cali señaló que, aunque Castilla no se mostró públicamente, su equipo político respaldó la campaña de Eder a través de Paola D’Haro, que fue candidata a la Asamblea por el partido En Marcha.
A pesar de que no estuvo en la campaña directamente, sí votó por él: “Lo único que hice fue votar por una Cali reconciliada porque era la mejor propuesta, pero no tuve incidencia”, expresó Castilla al medio mencionado.
Según expresó Castilla, “Éder quería reactivar la presencia institucional de Cali en la capital. Me había confiado promover una gestión de la ciudad ante el gobierno nacional, ante el legislativo y demás”; por ello, una de sus primeras apuestas era promover la “embajada” de Cali en Bogotá, llamada Casa Valle.

La proximidad de Castilla al gobierno se atribuye a su relación con Sebastián Caballero de la Colombia Humana, que fue gerente regional en la campaña de Petro en el Valle y actualmente ocupa el cargo de vicepresidente jurídico en la SAE. A pesar de estas afirmaciones por parte de tres fuentes consultadas por el medio citado, Castilla negó dichos nexos.
Aunque dicha influencia podría ser relativamente baja, se especula que Castilla era una de las principales fichas de Éder en los movimientos de izquierda y en especial, lograr estrechar lazos con el presidente Petro; sin embargo, para el senador del Pacto Histórico Wilson Arias, esta presunta ficha sería más bien una atribución a logros ajenos.
“Me sorprendería que pudiera tener ese nivel de influencia (...) Es posible que algunos quieran presentar como suyos lo que es una apertura de Gustavo Petro al entendimiento con algunos mandatarios regionales”, sostuvo Arias, en declaraciones reseñadas por La Silla vacía.
Las denuncias de dos mujeres contra Castilla que los sacaron del cargo en la Alcaldía
En 2018 y 2019, dos mujeres presentaron denuncias penales por separado contra Juan Camilo Castilla, acusándolo del mismo delito: acceso carnal abusivo o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir.
Las mujeres, que se abstuvieron de dar detalles de los hechos, que presuntamente habrían sido divulgados sin su consentimiento, piden que el exasesor de Alejandro Éder no ocupe cargos públicos:
“Mi temor es que lo pongan en otro lado donde no llame la atención. Él representa un peligro para las mujeres que lo rodean, hemos notado una sistematicidad en su actuación (...)Para que las mujeres estemos seguras y se nos garantice la participación en espacios políticos, Castilla no puede ocupar cargos públicos”, expresó una de las víctimas al medio mencionado.

La otra mujer expresó su preocupación acerca del creciente poder de alguien que, según ella, podría causar daño a otras mujeres y personas. Además, cuestionó a la Alcaldía de Cali y al gobierno nacional sobre porqué una persona con dos denuncias ante la Fiscalía tiene acceso a cargos públicos, instando a que los filtros de selección sean más rigurosos.
Por último, las dos mujeres solicitaron celeridad en sus casos que están a paso de tortuga en la Fiscalía General de la Nación, y se refirieron al periodista que habría divulgado la información sin autorización: “Nos quitaron nuestra capacidad de agencia hablando por nosotras sin autorización. Es una revictimización entregarle los micrófonos al victimario”.
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