Nueva licitación de pasaportes ya tiene sus primeras polémicas: los mismos errores que tienen en líos a Álvaro Leyva

Una nueva licitación para la expedición y distribución de pasaportes y visas se está cocinando en la Cancillería de Colombia, pero esta vez el valor del contrato asciende a 416 mil millones de pesos con una duración de cuatro años.

Sin embargo, a pesar de la confidencialidad que impusieron desde el Ministerio para evitar nuevos escándalos, ya empiezan a rumorarse sobre posibles irregularidades en el proceso. De hecho, ya surgieron denuncias entre los oferentes, al asegurar que nuevamente se estaría beneficiando a una compañía en específico, que fue justo lo que desató una crisis en la cancillería en 2023.

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De hecho, según reveló El Tiempo, el pasado 5 de febrero les fue entregado a todos los interesados una serie de documentos con el pliego de condiciones para adjudicarse el nuevo contrato. Estos archivos fueron entregados por lo menos a doce oferentes, quienes tuvieron que firmar una cláusula de confidencialidad para evitar filtraciones.

Entre los documentos compartidos se encuentra el “Anexo Técnico Confidencial”, que detalla información reservada sobre los elementos de seguridad de las libretas colombianas. “Deberán presentar sensibilización en la masa contra alteraciones químicas... con fibrillas invisibles con reacción fluorescente”, señala uno de los apartados, exigiendo específicamente el cumplimiento de características que coinciden con las de Thomas Greg & Sons, la compañía actualmente encargada de estos servicios.

El medio señaló que este detalle ha llevado a varias empresas interesadas en participar a expresar su desconcierto y a sugerir que las especificaciones técnicas podrían estar diseñadas para favorecer al actual contratista.

Uno de los aspectos que ha suscitado mayor controversia es la aparente repetición de errores previos que ya habían motivado al presidente Gustavo Petro a declarar desierta una licitación anterior, criticando la exclusión de potenciales oferentes y señalando a Álvaro Leyva Durán, quien se encuentra suspendido de sus funciones.

“En otros países solo se le pide a los interesados presentar una muestra de los pasaportes que elaboran,” manifestó uno de los oferentes a El Tiempo, resaltando la inusual exigencia de la Cancillería colombiana.

Asimismo, el medio confirmó que la entrega de los documentos confidenciales fue realizada por Lida Magali Rodríguez Gutiérrez, asesora de la Secretaría General, lo que ha provocado sorpresas y preguntas, teniendo en cuenta que tanto ella como José Antonio Salazar, el secretario general de la Cancillería y persona cercana al suspendido Álvaro Leyva, han sido salpicados por el escándalo del proceso licitatorio anterior, por favorecer el proceso a la firma Thomas Greg & Sons.

“No entendemos por qué mientras el presidente Petro pregunta qué pasó con esa denuncia en la Fiscalía, en la Cancillería permiten que una de las funcionarias mencionadas en ese documento, junto con Salazar, participe en el nuevo proceso licitatorio”, le explicó la fuente al medio citado.

Las objeciones no solo vienen de las empresas interesadas sino también de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que ha advertido sobre prácticas no comunes solicitadas por la Cancillería, como la entrega de muestras específicas de pasaportes, señalando que favorecen al proveedor actual.

Además, se critica la elección de Migración Colombia para la verificación de las muestras entregadas, ya que, a pesar de su capacidad y profesionalismo, “el laboratorio de migración lógicamente no cuenta con certificación de laboratorio” según señaló la OACI, poniendo en duda la imparcialidad del proceso.

Con las nuevas inconformidades, los empresarios interesados tienen planeado dejar por escrito las presuntas irregularidades en el proceso. Sin embargo, reconocen que tienen dudas sobre quién podrá atender sus preocupaciones y objeciones dada la suspensión de Leyva y el apartamiento de Salazar del proceso.

Thomas Greg & Sons, por su parte, ha declarado a través de un comunicado que “no viola los acuerdos de confidencialidad pactados” y, por lo tanto, no hará comentarios sobre los señalamientos.