Déficit de policías en Bogotá: esto es lo que le proponen a Galán desde el Concejo para superar el problema

El déficit de policías en Bogotá es una realidad innegable. La misma exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el alcalde actual, Carlos Fernando Galán, coincidían en que no hay suficientes uniformados para el tamaño de la capital colombiana: ni por su extensión en terreno, ni por la cantidad de habitantes que tiene la ciudad.

Esto ha llevado a que diferentes políticos propongan formas de hacerle frente a esta crisis, que se convierte es una complicación para mejorar la seguridad en Bogotá. Una de las iniciativas que conoció Infobae Colombia es la del concejal del Centro Democrático Julián Uscátegui, quien sugiere la incorporación de policías y militares retirados para tener más fuerza disponible en la ciudad.

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Actualmente, la ciudad cuenta con 16.656 policías, lo que equivale a un uniformado por cada 470 habitantes; este dato está lejos del estándar internacional fijado en 2006 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) que indica que debería haber un policía por cada 300 habitantes. Entonces, deberían haber mínimo unos 26.600 miembros de la Policía en total en Bogotá.

Ante esta situación, Uscátegui ha propuesto la incorporación de más de 10.000 miembros de la reserva militar y policial. Ellos suman, en total, más de 24.000 en Bogotá. Estos individuos, con experiencia y formación, podrían desempeñar roles profesionales y administrativos para liberar a los policías activos así como actuar ser actores disuasivos en las calles, fortaleciendo la presencia institucional y las redes de cooperación ciudadana.

Las razones para vincular a veteranos de la Fuerza Pública

“Un miembro de la fuerza pública se pensiona con entre 20 y 25 años de servicio, lo que significa que están entre los 38 y 45 años de edad. Personas que colgaron el uniforme, pero que tienen todos los conocimientos, la preparación y la experiencia para seguir aportando en la materia”, expresó el concejal Uscátegui.

Raúl Musse, soldado profesional retirado y presidente de Acosipar (Asociación de infantes de la Marina retirados), respaldó la propuesta, destacando la diversidad de servicios que la reserva militar puede ofrecer. De hecho, el profesional de la Fuerza Pública le contó a Infobae Colombia que en reunión con otras 19 asociaciones de veteranos, todos expresaron su afinidad con la propuesta: “Estamos en un caos total de seguridad y podríamos ayudar a arreglar eso”, mencionó.

Musse expresó a este medio: “Podemos prestar seguridad pero no usando armas; por ejemplo, hacer presencia en eventos masivos o en los parques monitoreando... No es que vayamos a suplir a policías porque hay gente joven, pero tenemos capacidad tanto humana como técnica y profesional”.

El oficial agregó que muchos podrían tomar trabajos administrativos, de enfermería, de control de herramientas tecnológicas y hasta de entrenamiento de animales para que los uniformados en servicio tomen labores de control en las calles y otros escenarios en lo que sean requeridos con más necesidad.

Detalles de la propuesta del concejal del Centro Democrático

La propuesta de Uscátegui también destaca la posibilidad de reasignar fondos actualmente destinados a gestores de convivencia y seguridad con salarios entre 1.500.000 y 2.500.000 de pesos, lo que representa una inversión mensual de 650 millones de pesos. Según Uscátegui, estos recursos podrían ser utilizados para emplear a personal retirado con la experiencia y conocimientos necesarios para abordar casos delictivos de manera más efectiva.

De cumplirse esta parte de la propuesta, sin embargo, cientos de ciudadanos que ejercen labores de gestores de seguridad y convivencia tendrían que ocupar otros cargos. Para el concejal, los gestores deben ocupar cargos administrativos, pues no deberían exponer su vida en calle debido a que carecen de entrenamiento en seguridad. Hoy, estas personas se encargan de llegar a acuerdos con la ciudadanía para la resolución pacífica de conflictos.

“Actualmente el presupuesto que tiene en seguridad Bogotá representa solo el 2% y esperamos que en el plan de desarrollo para estos cuatro años haya un aumento que permita vincular miembros de la fuerza pública”, mencionó Uscátegui, sin que vincularlos implique dejar de lado la implementación de gestores de convivencia en las calles.

Sobre esto, el exministro de Seguridad y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano, le dijo a Infobae que si bien el Gobierno Nacional le quitó 1.500 policías, “no le puede echar toda la culpa”, pues el último año de la administración de Claudia López el distrito bajó el presupuesto destinado a inversión en seguridad. Justamente, los sectores de Educación, Salud, Integración Social, Hábitat y Movilidad recibieron la mayoría de recursos, concentrando el 84% del total de la inversión en 2023.

La propuesta de Uscátegui ha generado un debate sobre la necesidad de aprovechar la experiencia de la reserva militar para abordar de manera integral los desafíos de seguridad en Bogotá. Cabe mencionar que el concejal Uscátegui es hijo del general retirado Jaime Humberto Uscátegui, quien fue investigado en 1999 por su presunta participación en la masacre de Mapiripán.

Para Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Pontificia Universidad Javeriana, “la propuesta es positiva en el sentido en que desconcentraría a la Fuerza Pública de labores administrativas”. Agregó también que el Gobierno Petro “descabezó varias generaciones de generales”; entonces, estas salidas implicaron que se perdiera la experticia en seguridad en Bogotá y Colombia por lo que recuperarla sería un aspecto valioso, indicó a este medio Jiménez.

No obstante, el problema radica en la reglamentación de las actividades que podrían ejercer: “Pensarse a esos generales retirados como gestores de convivencia sería desacertado; además porque si bien tienen experiencia, no necesariamente son idóneos para ciertas actividades en las calles y pueden tener conocimiento desactualizado”, presentó Jiménez a Infobae Colombia.

La decisión final recae en el alcalde Carlos Fernando Galán, quien deberá evaluar la viabilidad y beneficios de la integración de la reserva militar en la estrategia de seguridad de la ciudad. De no aceptarse la propuesta, esta sería discutida en el Concejo como un proyecto de acuerdo.