Disidencias de Iván Mordisco amenazan con fin del cese al fuego por presuntos incumplimientos del Gobierno

Las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco emitieron un comunicado el lunes 30 de enero de 2024, en el que advertían sobre supuestas vulneraciones al cese al fuego en vigor y declarando su disposición a ejercer la “legítima defensa”.

Este anuncio surge en un contexto delicado en el que la tregua bilateral extendida hasta el próximo 15 de julio entre el gobierno colombiano y esta facción disidente parece enfrentar desafíos serios.

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“Las operaciones ofensivas en contra de nuestras unidades de la Columna Alan Rodríguez se venían denunciando al mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación, a la Mesa y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de manera reiterada”, se lee en la misiva.

En detalles más específicos, el grupo rebelde acusó a las Fuerzas Armadas colombianas de lanzar ataques contra sus combatientes de la Columna Alan Rodríguez, contrariando los acuerdos de paz establecidos. Así mismo, denunciaron la muerte de una civil, identificada como la señora Mayly, alegando que fue resultado de fuego cruzado durante una operación militar en la vereda Las Lajas.

En otro de los apartes del comunicado afirman que: “Denunciamos que, las tropas oficiales dispararon también contra una lancha de pasajeros civiles donde asesinaron a la señora Mayly, en la vereda Las Lajas”.

Para verificar estas alegaciones, los disidentes solicitaron la intervención de entidades internacionales encargadas de monitorear el cumplimiento del cese al fuego.

“En ejercicio del derecho a la legítima defensa consagrado en todos los acuerdos y protocolos firmados entre las partes, los guerrilleros de la columna actuaron de manera defensiva”, agregaron en la comunicación.

Además, el comunicado refuta informaciones previas emitidas por el Comando General de las Fuerzas Militares, en las cuales se afirmaba que las disidencias estaban promoviendo un paro armado en los departamentos de Putumayo y Caquetá. La situación plantea un inminente riesgo de escalada en regiones ya golpeadas por el conflicto, haciendo urgente la intervención de mecanismos de supervisión internacionales para salvaguardar el delicado proceso de paz en el país.

“Por otra parte, la Dirección desmiente los rumores sobre un supuesto paro armado decretado por nuestras unidades en los departamentos de Putumayo y Caquetá. Este tipo de acciones solo perjudican la población civil más vulnerable y no está dentro de la política de las Farc-EP”, dice el comunicado del Estado Mayor Central.

Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial del Ministerio de Defensa sobre las recientes acusaciones. La falta de confirmación o refutación por parte de las autoridades pertinentes añade incertidumbre al ya tenso panorama de seguridad en Colombia.

Las comunidades locales, especialmente en áreas rurales afectadas por décadas de conflicto armado, observan con preocupación la posibilidad de un regreso a la violencia, subrayando la necesidad de mantener y fortalecer los canales de diálogo y verificación estipulados en los acuerdos de cese.

“Es urgente que el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación acuda a la zona para evitar que las tropas oficiales desvirtúen la verdad como lo hacen en el Comunicado del 29 de enero del presente año, el Comando General de las Fuerzas Militares, anunciando públicamente la orden de violación del cese al fuego, donde anuncian desarrollo de operaciones ofensivas contra nuestras unidades en la zona”, resaltan en la carta publicada en redes sociales.

La prolongación de la tregua, anunciada el 14 de enero, había generado esperanzas de avanzar hacia una paz duradera en el país. Sin embargo, estos recientes desacuerdos y las acusaciones de violaciones a lo convenido ponen en riesgo los avances logrados, haciendo imperativo un esfuerzo concertado por parte de todas las entidades involucradas, tanto nacionales como internacionales, para verificar y, de ser necesario, corregir las acciones que amenazan la estabilidad del acuerdo.