La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra seis funcionarios del Fondo de Reparación de Víctimas, al identificar una serie de irregularidades en la administración de la mansión Montecasino, antiguamente perteneciente a los paramilitares hermanos Castaño.
La propiedad ubicada en el sector de El Poblado, en Medellín, estaría en un avanzado estado de abandono; y según el último reporte de auditoría de la Contraloría sobre el inmueble, hallaron que en el lugar vivían al menos seis personas y había sido acondicionado para la venta de todo tipo de artículos.
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De acuerdo con la Procuraduría, el inmueble incautado desde 2013 y que está en poder del Fondo de Reparación de Víctimas, tuvo malos manejos en periodos específicos de estos funcionarios: Luz Carime Cepeda Díaz, periodo del 8 de agosto de 2018 al 31 de enero de 2019; Katherine Lorena Mesa Mayorga, del 1 de febrero de 2019 al 2 de abril de 2019; Miguel Avendaño Hernández, del 3 de abril de 2019 al 14 de junio de 2021; Enrique Ardila, del 15 de junio de 2021 al 24 de agosto de 2022; Katherin Andrea Fuquen Ayure, del 25 de agosto de 2022 al 20 de septiembre de 2022 y Olga Giovanna González Quintero, en el periodo comprendido del 21 de septiembre de 2022 a la actualidad.
Cabe destacar que la mansión Montecasino está conformada por tres predios: uno de 23.330 metros cuadrados, otro de 4.184 y otro de 2.459, en las cuales se planearon los actos sicariales a reconocidas figuras políticas de izquierda como: Carlos Pizarro, candidato presidencial y exintegrante del M-19; Bernardo Jaramillo, candidato a la presidencia de la República por la Unión Patriótica, entre otros.
Hallazgos de la Contraloría General de la República
De acuerdo con el informe de la Contraloría, conocido el 6 de enero de 2023, el amplio y lujoso inmueble había sido arrendado a una empresa inversionista, que a su vez subarrendó a diferentes establecimientos comerciales, entre los que se encontraban: un vivero, una venta de vasijas de barro, un almacenamiento de muebles, un café, un local de comidas y juegos inflables para niños.
En Montecasino, la Contraloría identificó la presencia de más de 6 personas viviendo de manera informal, evidenciada por fotografías que mostraban colchones, ropa, ventiladores, cocina y otros enseres, conocidos por Noticias Caracol.
“Los entes gubernamentales responsables de estos fondos tienen que ser más fuertes con el cuidado, con la vigilancia, para comprender que esto no es un juego, que hay un montón de víctimas esperando respuestas tanto de sus victimarios como del Gobierno mismo”, aseguró Ana María Olarte, víctima de los hermanos Castaño, en declaraciones al medio citado.
No serían las primeras regularidades en la administración de bienes
Las deficiencias en la administración de la mansión Montecasino, en Medellín, solo sería una de las doce que fueron encontradas por la Contraloría General de la República.
La Contraloría General de la República inició dos procesos de responsabilidad fiscal contra coordinadores y funcionarios del Grupo Administrador del Fondo para la Reparación de Víctimas, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción.
El ente de control fiscal comenzó dos procesos de responsabilidad fiscal, uno por $15.284 millones y otro por $872.427.331, relacionados con presuntas irregularidades en la administración y monetización de bienes entregados al Fondo de Reparación de Víctimas.
Estas irregularidades incluyen la falta de cobro de cánones de arriendo, el descuido que lleva al deterioro de los bienes, la venta de bienes por debajo de los precios de mercado, una indebida gestión de bienes destinados a actividades agrícolas y forestales, y la falta de un sistema de administración para bienes a lo largo del tiempo.
Estos malos manejos causaron daño patrimonial al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Fondo para la Reparación de Víctimas recibe, administra y monetiza diversos recursos para destinarlos al pago de sentencias en procesos de reparación integral a favor de víctimas del conflicto armado, en el marco de los procesos de Justicia y Paz de la Justicia Transicional.
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