
La decisión del Ministerio Público generó una ola de reacciones por parte de varios políticos, entre ellos, el representante a la cámara por el Pacto Histórico y excandidato a la Gobernación del Valle Alejandro Ocampo, quien no tardó en defender al ministro de Relaciones Exteriores, que estará tres meses sin poder ejercer funciones como tal.
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En un mensaje publicado en su cuenta de X, Ocampo expresó su descontento, sugiriendo que la suspensión de Leyva fue impulsada por una “fanática del Centro Democrático que tiene el cargo de Procuradora”.
Margarita Cabello fue durante un tiempo la ministra de Justicia del pasado Gobierno de Iván Duque, justo antes de que se convirtiera en procuradora General.

Además, Ocampo acusó a la procuradora de estar más preocupada por los intereses de una empresa en particular que por el bienestar de Colombia. En sus declaraciones, señaló que la Procuraduría no ha tomado medidas contra la corrupción del gobierno pasado.
El congresista siguió su mensaje destacando algunos hechos que, considera, no han sido adecuados por parte de la procuradora Margarita Cabello: “A Álvaro Leyva lo suspende una fanática del Centro Democrático que tiene el cargo de procuradora. No ha sancionado a nadie por la corrupción del gobierno pasado, no ha sancionado a nadie por el robo de la plata de la paz, no ha sancionado a nadie por el escándalo de las marionetas; porque a ellos los tapa, su misión es perseguir al gobierno de Gustavo Petro”.
Según Ocampo, estas omisiones reflejan una supuesta parcialidad de la procuradora, que, en su opinión, está más enfocada en perseguir al gobierno de Gustavo Petro que en garantizar la justicia y la transparencia en el país.
“Lo del canciller ameritaba una investigación y esperar en qué termina todo el proceso, no tenía que suspenderlo. Está más preocupada por los intereses de una empresa que por Colombia”, afirmó Ocampo.

Las razones de la suspensión de Álvaro Leyva
La procuradora Margarita Cabello anunció la suspensión por tres meses del canciller Álvaro Leyva luego de que, a pesar de declarar desierta la licitación, se renovara el contrato con la firma Thomas Greg & Sons, que era la que ya producía los pasaportes en Colombia y la única que se había presentado a la convocatoria pública para seguir expidiendo ese documento ante la terminación del contrato vigente.

Según la entidad de control, el canciller comprometió sus funciones al no reconocer a la empresa como la ganadora del concurso, lo que resultó en una demanda de 117.000 millones de pesos contra el Estado. Además, Leyva no proporcionó justificación para declarar desierta la licitación, a pesar de que Thomas Greg cumplió con los requisitos para obtener el contrato.
Las investigaciones de la Procuraduría indican que el canciller incurrió en dos faltas disciplinarias. En primer lugar, al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin contar con pruebas, fundamentos jurídicos y técnicos que respaldaran su decisión, dado que Thomas Greg & Sons había cumplido con los requisitos. La segunda fue su decisión de emitir un decreto que declaraba una “urgencia manifiesta” en el desarrollo del proceso de contratación, también de manera injustificada.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro expresó a través de su cuenta de X que el ministro de relaciones exteriores había seguido sus instrucciones y que estas no eran caprichosas. Además, enfatizó que no acepta pliegos de licitación a medias, ya que la ley no lo permite. Mientras que desde Cauca dijo que esta resolución de la Procuraduría era una muestra de que “no lo quieren dejar gobernar”.
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