En Bogotá, que acogió a las delegaciones del Gobierno nacional y las disidencias de las Farc, denominadas Estado Mayor Central (EMC), llegó a su fin el jueves 18 de enero el tercer ciclo de negociaciones, que inició el 9 de enero y dejó como principal balance la prórroga, por seis meses más, del cese al fuego bilateral, que se extenderá hasta el 15 de julio.
Un comunicado oficial emitido por los miembros de los equipos negociadores dio cuenta no solo de la extensión del cese, que había sido confirmado a través del Decreto 0016 del 14 de enero, sino también la suspensión del secuestro extorsivo, como lo había anunciado el EMC el 12 de diciembre de 2023, entre otros puntos clave alcanzados en esta ronda, que se desarrolló sin inconvenientes.
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Pero así como se avanzó en estos dos aspectos determinantes para continuar con las negociaciones y mostrar voluntad hacia la terminación del conflicto armado, y se concretó el compromiso de cumplir con el derecho internacional humanitario, de parte de las disidencias también manifestaron su inquietud por la situación jurídica de los exintegrantes de este grupo armado ilegal que se encuentran presos en las cárceles de Colombia.
A su vez, los miembros de la estructura armada manifestaron que están dispuestos a entregar la información necesaria para facilitar las labores de búsqueda de personas desaparecidas y ratificaron su intención de apoyarla a través del Comité Internacional para la Cruz Roja (Cicr).
“Por su parte, la delegación del Gobierno Nacional considera necesario dar respuesta a las demandas de la población en varias regiones del país por el impacto en sus libertades y derechos, en razón de enfrentamientos entre organizaciones armadas, y recomienda que se den pasos para diálogos entre ellas en regiones o a otro nivel que busquen aliviar la situación de violencias”, se leyó en el comunicado conjunto.
Otros puntos claves de la agenda
En la mesa se avanzó, además, en una serie de ejes temáticos enfocados en seguridad, medio ambiente, economías ilícitas, tierra y territorio, y logros específicos en la participación de la sociedad civil en el proceso de paz y la atención a las regiones que registran necesidades de transformación territorial en departamentos como Cauca, Putumayo, Guaviare, Caquetá, Arauca y Norte de Santander, en donde tienen presencia.
Una de las propuestas de las disidencias es que se destinen recursos para sostener los planes que se desarrollan con las comunidades marginadas, como la indígena, la afrodescendiente y, del mismo modo, con la población campesina en estas áreas de influencia.
En este ciclo también se abordó el componente socioambiental, con especial interés en la Amazonía y otras áreas protegidas del país. La confirmación de estos acuerdos vendría a fortalecer la senda del diálogo entre el Estado colombiano y los grupos armados, con el objetivo de afianzar la paz y la seguridad en el país. Para las partes, el desarrollo y cumplimiento son pasos vitales en la reconstrucción de las zonas afectadas.
El cuarto ciclo de negociaciones entre el Gobierno y las disidencias está programado para marzo de 2024 y la sede definida por las delegaciones es San José del Guaviare. Con esto, se continuaría con la intención de llevar el diálogo a los territorios, pues la instalación de la mesa se llevó a cabo en octubre de 2023 en Tibú (Norte de Santander), el segundo ciclo en Cauca y el tercero se efectuó en la capital de la República.
Este es el comunicado íntegro de las delegaciones del Gobierno nacional y las disidencias de las Farc en la mesa:
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