
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha pospuesto la declaración como testigo del exalto comisionado para la Paz y exnegociador con las Farc, Sergio Jaramillo, por su conocimiento sobre los falsos positivos, de acuerdo con una publicación de la emisora colombiana la W Radio.
La reprogramación establece que Jaramillo rendirá su testimonio los días 20 y 21 de marzo, tras una solicitud de aplazamiento que él presentó debido a compromisos familiares que le impedirían asistir en las fechas inicialmente pactadas (22 y 23 de enero).
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La decisión de la JEP también incluye el aplazamiento de la declaración de la exprocuradora ante la JEP y exasesora del Ministerio de Defensa, Mónica Cifuentes Osorio, quien comparecerá ante la jurisdicción el 7 de febrero.
En el caso de la exfuncionaria del Ministerio de Defensa, Elena Ambrosi, su diligencia de testimonio se llevará a cabo el 13 de febrero, ajustándose por motivos de agenda del despacho, señaló ese medio de comunicación.
Por otro lado, las fechas de las audiencias de Carlos Franco Chavarría (19 y 22 de enero) y del exrepresentante de la ONU Christian Salazar Volkmann (24 y 25 de enero) se mantienen sin cambios.
Estos testimonios forman parte del proceso de la JEP para esclarecer los falsos positivos, casos en los cuales militares colombianos habrían asesinado a civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en combate durante el conflicto armado.
Mancuso criticó a la JEP por filtración de información reservada
Al ser aceptado por la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso entregó información en audiencias, tanto públicas como privadas, sobre presuntas alianzas entre militares, empresarios y políticos colombianos con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
En una de esas audiencias, de carácter reservado, vinculó a Álvaro Uribe con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y con la masacre de El Aro. Pero esa información se filtró, por lo que el exlíder paramilitar interpuso una tutela ante la JEP con el fin de que se proteja su derecho a la vida, al debido proceso y a la integridad personal.
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El mismo tribunal declaró improcedente la tutela, bajo el argumento de que ya se estaban tomando las acciones necesarias para evitar que se vuelvan a presentar filtraciones de ese tipo y que hay un estudio sobre la situación de seguridad de los defensores de Mancuso. Además, la JEP aseguró que el exparamilitar no presentó pruebas sobre los riesgos que corre tras las filtraciones.
Pero Mancuso impugnó el fallo y en un escrito de 11 páginas, que fue conocido por la emisora Blu Radio, solicitó al tribunal que se le amparen sus derechos por el aumento del riesgo tanto para él como para su familia y su defensa, ante la gravedad de las filtraciones.
Así mismo, señaló que se le violó el derecho al debido proceso al incumplirse el acuerdo de confidencialidad. “Debe tenerse en cuenta que, como se relaciona en el siguiente acápite, desde mi solicitud de sometimiento y a lo largo de la preparación para la audiencia única de verdad, he sido enfático en solicitar medidas de protección, incluyendo la reserva de la información de los aportes a la verdad entregados ante la Jurisdicción”, se lee en el documento conocido por la emisora mencionada.
Además, añade que: “Sin embargo, la filtración de la información objeto de reserva el mismo día que fuera aceptada mi comparecencia, da cuenta de que la SDSJ, como garante del proceso, no adoptó las medidas necesarias para la protección de la información”.
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