Excomandante del Ejército negó su responsabilidad en falsos positivos

En noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al general en retiro Jaime Lasprilla Villamizar, que fue comandante del Ejército Nacional

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El excomandante del Ejército, el general Lasprilla, negó su responsabilidad en casos de falsos positivos en el Huila - crédito Colprensa
El excomandante del Ejército, el general Lasprilla, negó su responsabilidad en casos de falsos positivos en el Huila - crédito Colprensa

En noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al general en retiro Jaime Lasprilla Villamizar excomandante del Ejército Nacional entre 2014-2015, por su supuesta responsabilidad en casos de falsos positivos que se registraron cuando fue comandante de la de la Novena Brigada hasta el año 2007.

Para la fecha, Lasprilla reemplazó al general en retiro William Pérez Laiseca, que también fue imputado por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que debe responder por 32 falsos positivos en el Huila.

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Para la Jurisdicción, 35 militares de diferentes rangos sí tienen responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales que se registraron para la fecha, por lo que la sala les dio un tiempo para que estos decidieran si aceptarían o no la imputación de los hechos, aunque el general retirado no lo hizo.

Según explicó la JEP aunque se expuso un amplio prontuario de evidencia testimonial y documentos militares que fueron contrastados por la Sala de Reconocimiento, los mayores generales (r) Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, además, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca no reconocieron su responsabilidad en los hechos.

Aunque 27 de los imputados reconocieron su responsabilidad en los casos por lo que deberán cumplir una sanción restaurativa, mientras que los que no aceptaron deberán enfrentar un juicio, en caso de ser vencidos podrían pagar una condena de hasta 20 años en prisión.

“Los comparecientes, que fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, reconocieron por escrito su responsabilidad en la comisión de 200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio’'.

Dentro de los reconocimientos, los generales ratificaron su compromiso con las víctimas, la JEP y el acuerdo de paz que se firmó hace unos años además, aceptaron su responsabilidad en la participación ‘’en calidad de máximos responsables’'.

¿Cuáles son los crímenes por los que son acusados los 35 miembros del Ejército?

JEP imputó a 35 militares por 200 asesinatos cometidos en el departamento del Huila, dentro de las cuales hay 32 desapariciones forzadas - crédito JEP
JEP imputó a 35 militares por 200 asesinatos cometidos en el departamento del Huila, dentro de las cuales hay 32 desapariciones forzadas - crédito JEP

El mecanismo de justicia transicional, anunció en noviembre del 2023 que los militares participaron en la ejecución de un plan criminal que pretendía mostrar como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados, para dar una falsa sensación de seguridad.

A esas personas se les atribuyen, en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Subcaso Huila, 200 asesinatos presentados ilegítimamente como bajas en combate, 32 de los cuales fueron víctimas de desaparición forzada, además de ocho tentativas de homicidio documentadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, crímenes que fueron perpetrados por integrantes del Ejército Nacional que operaron en el departamento”.

Además, el tribunal explicó que decidieron imputar como máximos responsables a tres antiguos comandantes de la IX Brigada a título de autores por omisión: el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca.

En cuanto a los generales imputados, el tribunal mencionó que: “debían proteger los bienes jurídicos de la población, controlar efectivamente a sus subordinados y, a pesar de contar con medidas razonables a su alcance para hacerlo, incumplieron sus obligaciones constitucionales”.

Añadiendo que estos fueron permisivos en los controles y, de acuerdo con la Jurisdicción no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción, por lo que precisamente se afirma que habría encubrimiento los crímenes.

La JEP explicó que los tres altos oficiales transmitieron una percepción de que en la IX Brigada se permitía llevar a cabo operaciones para cometer homicidios bajo la modalidad de combate simulado y a raíz de eso podían recurrir al pago irregular de recompensas. Y añadieron que: “Las presiones se dieron en un contexto de estricta jerarquía militar, falta de un control efectivo y la imposición de las muertes en combate como único indicador de éxito militar”.