Procuraduría anunció acciones disciplinarias en el caso de los pasaportes de la Cancillería

El capítulo de la compleja licitación del contrato para la expedición de pasaportes en Colombia está lejos de terminar. La Procuradora Margarita Cabello prepara las primeras decisiones en contra de funcionarios de la Cancillería por irregularidades que se presentaron tanto en el proceso licitatorio como en la conciliación.

Las decisiones se tomarían durante las primeras semanas del 2024 en el primer proceso que abrió el Ministerio Público por irregularidades en la suspensión de la licitación, que se produjo a inicios de agosto de 2023 y fue la causa de una serie de choques institucionales y líos administrativos.

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“A raíz de la declaratoria de desierta del recurso, va avanzando mucho, ya hemos recogido casi todas las pruebas y de acuerdo con lo informado por el funcionario competente de la Procuraduría, antes de finalizar enero tendremos resultados, y resultados ya con un proceso, con una recopilación probatoria suficiente para tomar decisiones”, señaló la procuradora Margarita Cabello en declaraciones a los medios de comunicación.

En ese sentido, la investigación por la declaratoria de desierta de la licitación se encuentra próxima a terminar la etapa probatoria y próxima a concluir la etapa de investigación, que permitirá avanzar en la formulación del pliego de cargos en contra de los funcionarios hallados responsables de irregularidades o, por el contrario, archivar el caso.

La investigación disciplinaria por esa decisión fue anunciada por el Ministerio Público el 20 de septiembre de 2023. Los funcionarios contra los que se abrió la actuación fueron el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y el secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar.

“La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria”, afirmó el ente de control en su momento.

Desde esa fecha se ordenó la práctica de pruebas para identificar las presuntas irregularidades identificadas en la suspensión de la licitación, para determinar si había hechos constitutivos de faltas disciplinarias. Así mismo, se deberá evaluar si hay amparo o no causales de exclusión de responsabilidad.

Para el Ministerio Público, además, posiblemente Leyva Durán y Salazar Ramírez habrían violado los principios de transparencia, economía y responsabilidad de la contratación pública en medio de esa decisión.

Cuando la Cancillería decidió suspender el proceso licitatorio que se debía adjudicar el 1 de agosto, la Procuraduría señaló que no hallaba sustento legal. Advirtió en ese momento una primera posible irregularidad debido a que una hora y 45 minutos antes había publicado el informe de evaluación final de los proponentes.

Pero las irregularidades identificadas por la Procuraduría venían de meses antes. En mayo, el ente de control señaló que Fernando Grillo, procurador Delegado Segundo para la Vigilancia de la Función Pública no había recibido respuesta a una serie de observaciones que hizo del proceso licitatorio, cuando no se sabía que se declararía desierto.

Además, el Ministerio Público señaló que las empresas interesadas tampoco habían recibido respuestas por observaciones acerca de los criterios de ponderación establecidos en el pliego de condiciones para seleccionar el ganador, e incluso ya se había vencido la fecha para subsanarlas.

Esta, sin embargo, no es la única investigación que tiene la Procuraduría acerca del proceso de licitación de los pasaportes. También investiga el posible maltrato del canciller Álvaro Leyva contra Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien aseguró haber sido víctima de gritos por parte del ministro.

Además, el 11 de diciembre adelantó una inspección en la Cancillería para recaudar material probatorio sobre las presuntas irregularidades que permitieron declarar desierto el proceso.