Procuraduría suspendió al canciller Álvaro Leyva por caso de pasaportes

El canciller Álvaro Leyva fue suspendido por la Procuraduría, de manera provisional, en medio de las investigaciones que se adelantan en su contra por el conflicto de la licitación para la producción de pasaportes que favoreció a la firma Thomas Greg & Sons.

De acuerdo con el Ministerio Público, el canciller pudo comprometer sus funciones al no reconocer a la empresa como ganadora del concurso, lo que desembocó en una demanda por $117 mil millones contra el Estado.

Así mismo, Leyva no sustentó sus impedimentos para declarar desierta la licitación, pese a que Thomas Greg había cumplido con los requisitos para quedarse con el contrato.

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A través de un comunicado, el Ministerio Público indicó: “La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario y suspendió provisionalmente por tres meses al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes”.

Cometió dos faltas, según la Procuraduría

Según las investigaciones del ente regulador, el ministro de Relaciones Exteriores incurrió en dos faltas disciplinarias, calificadas, de manera provisional, como “gravísimas cometidas a título de dolo”.

La primera falta cometida por Leyva fue declarar desierta la licitación 001 de 2023 para la asignación de la producción y entrega de pasaportes sin tener los las pruebas, fundamentos jurídicos y técnicos, que respaldaran su decisión, toda vez que Thomas Greg & Sons había cumplido con los requisitos, con lo que el ministro pudo transgredir los principios estipulados en los procesos de contratación estatal.

Por otra parte, la entidad estatal señaló a Álvaro Leyva por emitir injustificadamente un decreto que dictaba una “urgencia manifiesta” en el desarrollo del proceso de contratación.

“Sobre la decisión de la suspensión provisional la Sala Disciplinaria sostuvo que la medida se tomó en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes”, agregó la Procuraduría.

En ese sentido, el Ministerio Público archivó las investigaciones contra José Antonio Salazar Ramírez, secretario del ministerio de Relaciones Exteriores, quien había sido vinculado al proceso por su presunta responsabilidad en las irregularidades que hubo en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes.

¿Qué pasó con la licitación de los pasaportes?

El 14 de septiembre e 2023, el canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación que buscaba una empresa para que produjera y entregara los pasaportes a los colombianos, pese a que Thomas Greg & Sons, la empresa que tenía el contrato anteriormente, cumplió con todos los requisitos para quedarse nuevamente con esa vacante que representaba la entrega de $599 mil millones en recursos por parte del Estado.

Al parecer, la declaración que hizo Leyva se basó en los múltiples señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro contra la empresa, a la que catalogó como corrupta e indicó que la licitación no fue transparente y que estaba diseñada para favorecerla.

Tras la acción de Leyva, la compañía solicitó una conciliación con el canciller y el ministerio de Relaciones Exteriores, paso que precedía a la interposición de una millonaria demanda contra el Estado por $117 mil millones.

Pese al llamado de Thomas Greg & Sons para conciliar y a la mediación de la entonces directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Martha Zamora, para evitar que demandaran al Estado, el canciller Leyva se mantuvo en su posición, no cedió, convirtió a la funcionaria en objeto de acoso laboral, la intrató delante de otros trabajadores del ministerio y solicitó su renuncia. Entre tanto, la compañía que ganó la licitación demandó al país.

A su salida, Zamora denunció que el hijo del canciller y un funcionario del ministerio se reunieron con representantes de una empresa interesada en la licitación, razón por la cual fue citada a declarar ante la Fiscalía y dio su versión de los hechos ante la Procuraduría, versión que desencadenó la suspensión provisional de Leyva.