
En un comunicado oficial de la delegación del paz del Gobierno se anunció que dentro de los nuevos acuerdos pactados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaba el fin del secuestro. Si bien inicialmente este es un hito en el proceso de paz en Colombia con este grupo guerrillero, ya que nunca antes habían manifestado tal voluntad, lo cierto es que concluido el quinto ciclo de negociaciones, el comandante del ELN Antonio García dijo públicamente que este compromiso estaba sujeto a ciertas condiciones.
García afirmó que la “suspensión de las retenciones”, como este grupo armado denomina a los secuestros, no puede llevarse a cabo sin una previa búsqueda de financiación para el grupo guerrillero.
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El argumento del ELN para hacer dicha solicitud es que las “retenciones a cambio de recursos económicos” no violan el derecho internacional humanitario (DIH), pues no son secuestros de combate sino formas de sostener su economía; no obstante, estas acciones sí incurren en una transgresión al DIH y a los Derechos Humanos.

La propuesta del ELN sobre la financiación ha desencadenado diversas reacciones entre políticos y la opinión pública. Pero, como explicó Néstor Rosania, experto en paz y conflicto, a Infobae Colombia, la demanda del ELN realmente sería una estrategia que busca presionar al Gobierno para que se de paso a “una mesa internacional de donantes que sostengan la organización guerrillera”.
Pero esta no es la primera vez que resuena dicha propuesta. En junio de este año, luego de que se firmara un cese al fuego, el presidente Gustavo Petro dio a conocer su idea de crear un fondo internacional multidonante que se encargara de financiar al grupo armado. Petro había comunicado su propuesta durante la visita oficial que hizo a Alemania a mitad de este 2023, cuando informó a varios periodistas que su gobierno estaba preparando un fondo destinado a recibir recursos de la comunidad internacional, con la intención de transferirlos a dicho grupo guerrillero.

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y miembro de la delegación de Gobierno en las conversaciones con el ELN, detalló sobre esta controversial propuesta. Cepeda afirmó que acceder al programa no sería tan sencillo, ya que debían plantearse ciertos requisitos.
Sin embargo, la idea le pasó factura a Petro. Tanto la oposición como miembros de partidos independientes aseguraron que esta no sería una opción. Sin embargo, dice Rosania, luego del mediático secuestro del padre de Luis Díaz y de las declaraciones de alias Antonio García, la nueva estrategia del ELN sería empujar la discusión cada vez más hacia ese camino.

No obstante, Rosania explica que la economía internacional está concentrada actualmente en otras coyunturas como la guerra entre Israel y Hamas e, incluso, el persistente conflicto Ucrania-Rusia, por lo que esto no sería un escenario viable. Entonces, la política exterior de Estados Unidos y de los países europeos no entraría a conformar una mesa multidonante: “El ELN y, en general, Colombia no es una prioridad para la comunidad internacional”, puntualiza.
Con esto, dice Rosania, el propósito es hacer presión al Gobierno: “Ellos están dando a entender que la responsabilidad está en el campo del Gobierno, como si ya hubieran avanzado en todo lo que está bajo su control; es decir, ellos dirían algo así como <ya estamos dejando de secuestrar, ahora el Gobierno tiene que ver cómo nos va a financiar>”. Otra de las hipótesis, que no es exclusiva, es que estas solicitudes del grupo armado son una estrategia de dilatación del diálogo.
No obstante, para el experto en conflicto, la solicitud del ELN tampoco tendría sustento en la medida en que este grupo armado maneja “todo un portafolio de economías ilegales para sostenerse”. Uno de ellos es la minería ilegal. Según un informe de la Defensoría del Pueblo sobre el manejo de las economías ilegales publicado en 2018, el ELN tomó control sobre la extracción ilegal de oro principalmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; su poder en estos departamentos se acrecentó luego de la desmovilización de las FARC- EP.

Otro de sus negocios ilícitos es el tráfico de combustibles. Este año ya se han dado varias capturas relacionadas con este tema; en una de ellas, en mayo pasado, se incautaron más de 10.000 galones de combustible en Norte de Santander que iban a ser entregados al ELN.
Rosania concluye que el conflicto armado en Colombia ha cambiando de una dimensión política a una de manejo de economías ilegales: “La descentralización del conflicto es la característica de la violencia actual en Colombia: esto hace que hayan muchos subgrupos que no responden a una sola cabeza”. De hecho, esta es una de las conclusiones que dejó el secuestro del papá de Luis Díaz; pues mientras fracciones del ELN anunciaron públicamente que este hecho había sido un error, otros tuvieron bajo su poder al padre del futbolista durante más de una semana.
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