Contraloría asegura que embargarán a Álvaro Leyva si la Cancillería pierde la demanda contra Thomas Greg, pero el ministro no tiene nada a su nombre

En una declaración reciente, el vicecontralor en funciones Carlos Mario Zuluaga entregó detalles del futuro que le depararía al canciller Álvaro Leyva en el escándalo por la licitación de pasaportes que declaró fallida en septiembre de 2023 por instrucción del presidente Gustavo Petro, quien rechazó cualquier licitación con un único oferente.

Según anunció el contralor, en caso de que la empresa Thomas Greg & Sons logre ganar alguna demanda contra el Estado, la Contraloría General de la República activaría de inmediato un proceso de responsabilidad fiscal contra el ministro de Relaciones Exteriores y otros cuantos funcionarios de la entidad que hicieron parte de la licitación.

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““Ahora hay una demanda en lo contencioso administrativo para determinar si la empresa tiene razón. Si el Estado tiene la razón, no hay ninguna dificultad, pero en caso contrario, una decisión de un juez obliga inmediatamente a la Contraloría a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal. De manera inmediata se deben iniciar medidas cautelares contra los involucrados o responsables por haberle causado un daño al patrimonio público”, expresó el contralor en funciones.

En este proceso, la Contraloría tendría la facultad de embargar los bienes de los responsables. Se destaca que, en este caso, no se descarta que los bienes del canciller Álvaro Leyva sean embargados, dado que se le identifica como directamente responsable de un posible detrimento patrimonial relacionado con la demanda.

“Una vez se apertura el proceso, se embargan cuentas y bienes de los involucrados, de las personas responsables, del Canciller y de quienes estuvieron a cargo de esas decisiones”, concluyó Zuluaga.

Sin embargo, a pesar de la advertencia que recae ahora sobre el Álvaro Leyva, el contralor en funciones aclaró que este anuncio se basa en supuestos, ya que los trámites judiciales del caso aún están en curso, y no se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre la demanda en relación con los pasaportes y su posible impacto en el patrimonio estatal.

Y es que apenas esta semana se dio a conocer la noticia de que Thomas Greg & Sons y la Cancillería no lograron llegar a un acuerdo de conciliación, por lo que la unión temporal instauró oficialmente la demanda contra al estado, que deja a Leyva como el principal responsable de la declaración de licitación desierta, a pesar de que estuviera bajo órdenes del presidente de la República.

Ahora bien, en caso de que se aplique la ‘acción de repetición’, el mecanismo legal que usa el Estado para despojar a los funcionarios y exfuncionarios del Gobierno hallados culpables de atacar el patrimonio financiero del país, genera incertidumbre sobre cuáles podrían ser los bienes que usaría el actual canciller para pagar su posible deuda con Colombia, pues en su información de plataformas de consulta pública no registra ni un solo inmueble a su nombre.

De hecho, en su declaración de renta, aunque registró movimientos exorbitantes por 273.970 millones de pesos por concepto de ingresos, bienes y acreencias, en el documento no se especifica si existen propiedades a su nombre.

En todo caso, el Estado podría quedarse con parte de la pensión del funcionario, aunque según la normativa vigente no podrán descontarle más del 50% del total de sus ingresos. Sin embargo, Leyva ha asegurado que el proceso legal contra la Cancillería podría extenderse tanto, que en el momento que un juez profiera un fallo ya estaría muerto.

Pero existiría otra figura que podría dejar a sus familiares endeudados por las decisiones del actual canciller, según comentarios de varios expertos penalistas después de que se hiciera pública la demanda de la Unión Temporal. Sin embargo, existirían vacíos jurídicos que podrían dejar la presunta deuda en el olvido y sin nadie que responda por el detrimento patrimonial.