
Hace apenas 10 días, tres escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron atracados en el Cesar por un grupo de 16 hombres armados que los interceptaron mientras se movilizaban por la vía que conecta al municipio de Pelaya con Pailitas. Se llevaron chalecos, armas y celulares.
Este es apenas uno de los muchos casos que se han presentado alrededor del país. Pues, según el director de la UNP, Augusto Rodríguez, camionetas, motocicletas y hasta lanchas de la entidad han sido hurtadas por diferentes grupos armados. Así lo dio a conocer durante su participación en el foro “Desafíos en el territorio para los nuevos mandatarios y mandatarias”, de Prisa Media y el diario El País América.
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Aseguró que estos equipos y herramientas hacen parte de los esquemas de protección de muchas personas que se encuentran en distintos niveles de riesgo, entre ellos, líderes y lideresas sociales que siguen siendo asesinados en Colombia por la labor que ejercen en sus territorios.
Las camionetas, lanchas y motos robadas terminan siendo utilizadas por los grupos criminales para cargar armas, municiones, combatientes y drogas. Esto se ha podido descubrir gracias a seguimientos que ha hecho la misma UNP. Y, aunque en varias oportunidades la entidad ha enviado mensajes para que los grupos armados regresen lo que han hurtado, no ha sido posible recuperar estos elementos.
Lo irónico es que funcionarios de la UNP han tenido que prestar protección a los integrantes de estas organizaciones cuando han tenido que participar en espacios de diálogo con el Gobierno nacional. Y, a pesar de eso, los criminales siguen robando.
La problemática no es nueva. Entre 2022 y marzo de 2023, la entidad perdió 40 vehículos, 59 armas de dotación, y 57 chalecos que quedaron en manos de los grupos al margen de la ley. Estos hechos ocurrieron, principalmente, en Arauca, Norte de Santander y Santander, según informó la UNP en un comunicado.
El resto de “chicharrones” que tiene la UNP

Además de presuntos actos de corrupción que se han identificado al interior de la entidad, hay serios problemas de desigualdad en cuanto a la calidad de seguridad que se brinda a los colombianos.
Esto es difícil de desmantelar porque existen unos convenios en los que se asignan camionetas de determinados modelos a ciertos funcionarios. “Eso me parece absolutamente injusto”, aseguró el director. Pues, resulta que la gran mayoría de vehículos que están en los territorios se varan y, en general, la flota carterizada para líderes sociales no es adecuada. Las consecuencias saltan a la vista.
En un año y medio de trabajo, Rodríguez no hay sido notificado de ningún atentado perpetrado contra algún funcionario o parlamentario con esquema de protección de la UNP. Mientras tanto, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) ya contabiliza 179 asesinatos en lo corrido de 2023 de personas que han ejercidos liderazgos, que son, precisamente, las que cuentan con los equipos de protección más problemáticos.
A todo esto se suma otro embrollo: el director explicó que se ha generado un “estatus” entre las personas con esquemas de seguridad en relación con la idea de ir en camioneta o ir a pie. Esto ha dificultado la prestación del servicio.
Sin embargo, Rodríguez precisó que el deber de proteger a la gente no es solo de la UNP, sino de varias instancias del Estado, pero eso no es reconocido. “Cada que vez que pasa algo todo el mundo dice: “la Unidad Nacional de Protección dónde está, no me dieron el vehículo que había pedido, el chaleco no me lo pongo porque hace mucho calor”, sostuvo.
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