En su cuarto día en Dubái, el presidente Gustavo Petro se atrevió a tocar el tema sobre la actual situación que se vive en Colombia por cuenta de las masacres, reconociendo que las cifras de este año son similares a las registradas durante el 2022.
Las palabras del primer mandatario se dan luego de que en el país tuvieran lugar tres masacres durante el fin de semana en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, las cuales resultaron en la pérdida de 11 vidas.
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“Colombia tiene, lamentablemente, el mismo número de víctimas que el año pasado, en masacres. No se ha podido reducir, el número de víctimas del año pasado es inferior a lo que sucedía en Colombia a principios del siglo XXI, anterior al acuerdo de paz con la Farc”, señaló el presidente en una declaración a medios de comunicación.
Y es el presidente Petro fue cuestionado en su viaje, después de que la Policía Nacional confirmara que los seis asesinatos ocurridos recientemente en Santa Fe de Antioquia fueron perpetrados por el clan del Golfo, en un aparente ajuste de cuentas relacionado con el control de las rentas criminales derivadas de la explotación ilegal de oro.
En ese sentido, Gustavo Petro, aunque reconoció las fallas del Gobierno para acabar con las acciones violentas de los grupos armados, descargó parte de la culpa a la administración anterior, argumentando que Iván Duque “promovió” que las cifras volvieran a elevarse al imponer su postura frente al acuerdo de paz:
“El acuerdo de paz con la Farc en el gobierno de Santos bajó al mínimo las masacres, el número de muertos, y subió, lamentablemente, con la desactivación de ese acuerdo en el anterior gobierno, y en este momento nos mantenemos en el mismo estado en que lo dejó el gobierno de Duque”.
Asimismo, el primer mandatario se comprometió a trabajar por la seguridad del país, después de que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicara que ya se completan 90 masacres registradas en lo que va del año.
“Nuestro objetivo es bajarlo de nuevo y por eso hablamos de nuevo de paz. Hacer trizas la paz trae estas consecuencias, el aumento de las víctimas en Colombia se hace a través de masacres y a través de muertes individuales, secuestros, etc. Yo creo que retomar la senda de la paz, como estamos intentando hacer, vuelve a poner las cifras positivas”, concluyó Petro.
Por su parte, se conoció los trágicos eventos ocurridos en Palmira y el corregimiento de Potrerito estarían vinculados con las disputas que se presentan en varias zonas del país para apoderarse de la explotación de oro por parte de grupos armados como el clan del Golfo y las disidencias de Iván Mordisco.
Petro culpó a la explotación minera de la muerte de 4.000 niños en La Guajira
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció en la COP28 en Emiratos Árabes, los efectos letales de la explotación de combustibles fósiles en la región de La Guajira, acusando a la actividad minera de ser responsable de la muerte de al menos cuatro mil niños en el área.
“No puede pasar lo que ya sucedió en La Guajira, extremo norte de Colombia. Que la gran mina de carbón se puso a calentar las chimeneas de la industria Europea, pero en el mismo territorio y por el mismo hecho acabó con todo el agua en un desierto similar al que hay aquí a nuestro alrededor y ha matado cuatro mil niños por ausencia de agua de calidad”, señaló el primer mandatario en su discurso.
La Guajira y la mina de El Cerrejón estuvieron en el punto de mira del presidente Petro, quien criticó severamente el impacto ambiental y social de la minería en esta región, comparando la gravedad de la situación con el conflicto en el Medio Oriente entre Israel y Palestina: “Nos preocupa Gaza, indudablemente, pero en Colombia sucedió algo similar por razones ambientales, simplemente, por extraer petróleo y carbón y gas. Eso no puede suceder con las energías limpias”.
Manifestó que, así como en el Medio Oriente hay muertes debido a la guerra, en Colombia la “guerra” por los combustibles fósiles ha afectado desproporcionadamente a la comunidad wayú. Petro subrayó la urgencia de cambiar hacia un modelo energético sostenible y respetuoso con los derechos de las comunidades étnicas.
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