
Desde hace algunos meses un gran número de familias de procedencia colombiana y venezolana se enfrentan a un crudo panorama por la presencia de los grupos ilegales que se ubican en la orilla del río de Inírida, la migración ilegal y por la carente atención de las entidades nacionales. Debido a este panorama, la ciudadanía se ha tomado varios ríos fronterizos y ha tenido varios picos de gente desplazada en el transcurso del 2023.
El procurador delegado, Javier Sarmiento, comentó en entrevista con El Tiempo que este es un fenómeno sin retorno y que hasta la fecha nadie ha trabajado decisivamente para darle vuelta a lo que se observa.
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Cifras entregadas por la Alcaldía de Inírida revelan que cerca de 1.000 personas han sufrido abusos y vulneraciones de sus derechos en territorio venezolano; además, la Procuraduría General de la Nación informó que más de 150 familias denunciaron ser víctimas de hostigamientos en la mina de oro ubicada en el cerro Yapacana, del estado Amazonas, en Venezuela, con corte al mes de septiembre.
Javier Sarmiento mencionó a su vez ante el medio citado que esta problemática se generó porque el gobierno del país vecino expulsó a los colombianos que estaban explotando la mina. ‘’La guardia bolivariana les dio un término para salir, ellos no creyeron que fuera cierto, y cuando llegaron fue a bravear y los sacaron”.
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Según el funcionario en Puerto Minero, no hay condiciones dignas, ya que las familias están en carpas o albergues: “Eso sería un lujo, son unos plásticos donde está la gente viviendo”.
En esta misma línea, la defensora del pueblo regional, Emily Santos, comentó que a esto se suma que en el departamento de Guainía hay disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) estructuras que se concentran en el tema de la minería ilegal.

Ejemplo de ello fue la explotación que se desarrolló por varios años en el Parque Cerro Yapacana –que es una reserva natural del Amazonas venezolano–. Poblada por indígenas hasta que las extintas Farc llegaron hasta la zona y deforestaron 3.316 hectáreas, según la organización SOS Orinoco.
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¿Qué dicen las autoridades?
Liborio Guarulla, exgobernador del estado Amazonas, mencionó que la guerrilla llegó para beneficiarse de las rentas del oro después de 2006. “Llegaron colombianos, brasileños, criollos y la situación estuvo bastante controlada por las Farc, después hubo un acuerdo con el Eln para administrar esa zona minera (...)”.
Pero el pico del escenario se generó a finales del 2022, cuando aproximadamente dos mil integrantes de las Fuerzas Armadas Venezolanas llegaron a sacar a 30 mil mineros informales. ‘’Expulsaron hasta a las disidencias y el Eln’' por lo que se hizo necesario sustituir la minería con un programa de empleo para las familias, comentó Cristina Burelli, directora ejecutiva de SOS Orinoco en el diario mencionado.
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Por todo esto, la ciudadanía tuvo que salir a otras partes como el municipio de Inírida, y quienes se quedaron en la zona trabajan bajo el control del Gobierno venezolano, para extender el control del Arco Minero, que se localiza a un par de estados.
El secretario de la Asociación del concejo regional indígena del Guainía (Asocrigua), Miguel Rodríguez, comentó que Inírida a su vez se consolidó como la capital de los migrantes, sin que las autoridades sepan con exactitud el número de indígenas venezolanos hay.

Según la Procuraduría cada día es más gruesa la cantidad de ciudadanos enfermos y no existe una atención para los menores la zona, tal es la situación que el equipo de Sarmiento recolectó los fondos para atender a un niño con diarrea. “Recogimos para comprarle Pedyalite y pañales, porque estaba en un estado bastante complejo (...)”.
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Por ahora las autoridades de la región solicitan apoyo del Gobierno nacional para reunirse con la población, y de esta manera atender las necesidades de las personas que quieren regresar al cerro, para apoyar a quienes quieran quedarse en Guainía, o quienes pretendan viajar al interior del país.
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