La firma de un nuevo decreto, la cual se hizo por facultades extraordinarias generó una nueva polémica en el país. Esto por cuenta de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro creó una nueva entidad que reemplaza al Instituto Nacional de Vías (Invías) y que tendrá como objetivo principal la “cooperación con los departamentos, municipios, o con otras entidades oficiales, semioficiales o privadas” para construir, mejorar y conservar los diferentes caminos vecinales o territoriales en todo el país.
Esta entidad se llamará Invir (Instituto Nacional de Vías Regionales) y reemplazará al anterior Invías en la realización de todas las tareas que estén relacionadas con vías terciarias y regionales.
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“El Invir ejecutará las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura de carácter regional, así como la Red Vial Nacional de carreteras terciarias y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte”, se observa en el decreto.
Lo que causó controversia no fue el nombre mismo de esta nueva empresa del Estado, sino que tendrá la facultad de contratar directamente el desarrollo de proyectos e infraestructura vial con las que son llamadas por el Gobierno “organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción social, comunal o comunitaria”, entre otras.
Así mismo, en el documento también queda establecido que estas tareas serán suprimidas del Instituto Nacional de Vías (Invías) y otras entidades públicas para asignárselas al nuevo Invir. Además, quedó establecido que la elección y distribución de todo el personal que trabaje para el Instituto Nacional de Vías Regionales estará a cargo del director general de la entidad.
Este cambio regulatorio se hizo efectivo a partir del 15 de noviembre según consta en el decreto oficial.
La preocupación principal es que este decreto permite a Invir definir su propio manual de contratación y llevar a cabo contrataciones directas con organizaciones populares y comunidades rurales sin restricciones de monto, una disposición que ha despertado las alarmas entre diferentes sectores.
El senador Juan Felipe Lemos expresó su inquietud por la posibilidad de que se realicen contrataciones por billones de pesos sin los controles adecuados, alegando que se estaría incumpliendo la Ley 80 de 1993.
“El Gobierno no puede cambiar por decreto la Ley 80 de la contratación, que impone que es la licitación pública la norma de la contratación, con todas sus exigencias, y que lo excepcional es la contratación directa. Para eso no se le dieron las facultades excepcionales”, señaló el congresista.
Por su parte, el Gobierno defiende que esta medida facilitará la ejecución de obras no atractivas para grandes contratistas, esperando movilizar más de 1,3 billones de pesos en proyectos para 2025. No obstante, organismos de control y la Cámara Colombiana de la Infraestructura han planteado temores sobre transparencia y eficiencia, comparando la situación con la extinta entidad Caminos Vecinales que fue disuelta tras escándalos de contratación.
Este cambio normativo ha levantado un debate sobre la gestión de recursos y la efectividad en la construcción de infraestructura vial en zonas remotas y empobrecidas del país. La nueva estrategia de contratación del Gobierno de Petro pretende acercar las obras públicas a comunidades que podrían beneficiarse directamente, no obstante, genera interrogantes sobre su alineación con los estándares legales de contratación y los riesgos de manejo inadecuado de fondos públicos.
La posición oficial frente a la aplicación de este decreto y sus posibles repercusiones en la economía y la estructura social será, sin duda, un punto de seguimiento crucial en el desarrollo infraestructural de Colombia.
La dirección general del Invir estará ubicada en Bogotá, y las diferentes sedes territoriales, serán ubicadas de acuerdo con lo que defina el Gobierno nacional.
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