
La filtración cibernética en la Fiscalía General de la Nación en 2022, la más grande que ha sufrido en su historia el ente investigador, ha sacudido a las agencias de inteligencia de Estados Unidos y ha generado preocupaciones sobre la seguridad de sus agentes.
Según informó el diario Miami Herald, esta filtración reveló información sensible y las identidades de más de 100 agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, así como de otras entidades federales encargadas de hacer cumplir la ley.
En la investigación del medio norteamericano, en alianza con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), señaló que esta violación a la información más confidencial del país, por ser un aliado estratégico de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles de la droga, dejó en la mira de los carteles de la droga a varios funcionarios encubiertos de las agencias norteamericanas de inteligencia.
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Aunque la propia DEA no fue violada en este incidente, la exposición de los nombres de al menos 90 agentes de la DEA y al menos 15 agentes de investigaciones de Seguridad Nacional ha encendido las alarmas.
Es que el robo de la menos seis terabytes de información puso en riesgo no solo la seguridad de los agentes, sino también la de sus informantes, especialmente aquellos que aún continúan cooperando en el país, y que podrían ser descubiertos por estructuras al margen de la ley.
“Es una de las pesadillas de la DEA porque los cárteles pueden identificar agentes e informantes, especialmente si todavía estás en el país”, comentó para el medio norteamericano Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA. Y es que según comentó el exfuncionario, aunque los cárteles pueden tener cierto respeto y miedo de atentar contra un agente de la DEA, los informantes son considerados objetivos más fáciles y, por lo tanto, más vulnerables.

Según data en la investigación, la filtración cibernética sirvió como punto de partida para el proyecto NarcoFiles, una iniciativa de reportajes de investigación liderada por el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y apoyada por más de 40 medios de noticias, incluido Infobae Argentina. Los periodistas examinaron y corroboraron la información filtrada con otros documentos y entrevistas.
En su momento, la responsabilidad del hackeo fue asumida por una organización “hacktivista” llamada Guacamaya, la cual también afirmó haber pirateado el Ministerio de Defensa de México y los departamentos de defensa de Chile, Colombia y otros. En ese entonces, los ciberatacantes acusaron a la Fiscalía General de la Nación de corrupción y de servir a los intereses estadounidenses.
Aunque en 2022, el fiscal general Francisco Barbosa salió públicamente a admitir que el país había sido víctima de un ataque masivo por medio de la web, nunca se logró comprobar que la información hubiera sido filtrada a carteles del narcotráfico o grupos ilegales. Sin embargo, la identificación de los agentes de la DEA representa un riesgo real para su seguridad, por el simple hecho de estar circulando fuera de las entidades implicadas, aunque el fiscal tomó el ataque como una forma de demostrar su transparencia.
“A mí me gusta finalmente que ahí está todo. No hay una sola intervención del fiscal, no hay un solo correo, no hay una sola intervención mía, porque no tengo rabo de paja y por eso siempre me he acercado a la candela. No he tenido ningún inconveniente, no tengo ninguna preocupación. Pero hay unos sectores que empiezan a volverlo a uno pera de boxeo”, señaló Barbosa en diálogo con Semana hace unos meses.
En la investigación del medio norteamericano, también se hizo énfasis en la gravedad de la filtración, pues buena parte de los recursos de las instituciones de seguridad del país están financiadas por los Estados Unidos, sin que se logre obtener información precisa sobre el grado de financiamiento y asesoramiento de la DEA a Colombia en materia de seguridad de la información
“Colombia ha recibido más de 13 mil millones de dólares en ayuda exterior estadounidense desde 2000, gran parte de ella para el ejército colombiano y en apoyo a los esfuerzos antinarcóticos. No está claro hasta qué punto la DEA ha financiado y asesorado a su socio en materia de seguridad de la información, o qué demandas ha planteado con respecto a la protección de información sensible”, se lee en el artículo periodístico.
Según el Índice Global de Ciberseguridad 2020, Colombia ocupó el puesto 81 entre 182 naciones y territorios. Esta clasificación refleja la necesidad de esfuerzos coordinados a nivel nacional y regional para proteger a los gobiernos de importantes crisis cibernéticas.
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