La Procuraduría General de la Nación designó, a través de la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral (CNCE), a diez procuradores delegados del nivel central para que junto con los procuradores regionales hagan vigilancia e intervención ante las comisiones escrutadoras departamentales, en donde se han venido presentando reclamaciones y alteraciones de orden público, luego de las elecciones del 29 de octubre.
El objetivo del ente de control es reforzar la presencia con sus funciones preventivas y de intervención en las ciudades de Sincelejo, Montería, Popayán, Cúcuta, Riohacha, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Santa Marta y Bogotá, con el fin de garantizar un proceso transparente y que sea acorde con los principios democráticos.
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La Procuraduría hace presencia en las 2.904 mesas escrutadoras que se habilitaron luego de las elecciones de Asamblea, Gobernación, Alcaldía, Concejo y Juntas Administradoras Locales (JAL), con funcionarios judiciales, regionales o provinciales, que verifican los protocolos establecidos por la ley y los actos regulatorios.
Las comisiones realizadas como Ministerio Público buscan evidenciar si se han presentado hechos ilegales o constitutivos de causal de reclamación que no hayan sido notificados por los testigos electorales y se verifican que no se presenten faltas disciplinarias por parte de servidores públicos en las mesas escrutadoras.
La Procuraduría ya había alertado del riesgo
Una vez transcurrida la jornada electoral, la Procuraduría solicitó “mantener activas las capacidades” de la institucionalidad, pues la entidad consideró que había riesgos latentes que podrían generar alteraciones de orden público en diferentes zonas del país, como consecuencia de los resultados de las elecciones regionales. Lo anterior entendiendo que, en algunos puntos hay escrutinios que permanecen activos.
La Procuraduría emitió la alerta luego de que el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X (antes Twitter) asegurara que “la capacidad de la fuerza pública y los avances en la paz garantizaron en el territorio nacional elecciones tranquilas”, pues para la entidad eso implicó que se desconociera que en varios puntos del país se presentaron actos violentos, destrucción de material electoral e, incluso, el asesinato de una funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un día antes de la jornada electoral. Además, de la reprogramación de la jornada electoral en los municipios de Ricaurte, Nariño y Santiago en el departamento del Putumayo.
Estos son los que estaban en riesgo
El martes 31 de octubre, el Ministerio Público alertó sobre el alto riesgo que había en diferentes zonas del país por cuenta de la “tensión, aglomeraciones y fricciones en la etapa del escrutinio” en determinados departamentos y municipios. Según lo identificado en su labor preventiva, en Sucre, los municipios de Morroa, Corozal, La unión y San Onofre están en alto riesgo; en Antioquia, son La Estrella, Sonsón, Hispania, Sabanalarga, Murindó; en Boyacá, son Tota, Monguí, Duitama, La Victoria, San Luis Gaceno y Chivor; en Cundinamarca, son Facatativá, Flandes, Ubaté y Junín; en Cauca, son Villa Rica, Balboa, Almaguer y Argelia. A estos territorios se suman las ciudades de Santa Marta y Arauca.
Asimismo, en ese momento le entidad aprovechó para enviar un mensaje a los líderes políticos de los territorios, pues desde la Procuraduría tenían el deber de “orientar de manera acertada” los procesos de conteo de votos faltantes, para que, de esta manera, se brinden garantías democráticas a los electores y candidatos. También solicitó a las autoridades continuar custodiando el material electoral, luego de que ciudadanos inconformes con el resultado de los comicios decidieran prenderle fuego a algunas de las urnas. No obstante, el registrador nacional, Alexander Vega, aseguró que no importaba que se hubiera prendido fuego al material ya que todos los formularios E14 ya se encontraban digitalizados.
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