Contratos indefinidos, prestaciones, licencia de maternidad y hasta vacaciones: este sería el régimen laboral de las trabajadoras sexuales en Colombia

Fue radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende regular el trabajo sexual en nuestro país. Según lo plasmado en la iniciativa, las personas que ejercen esta labor tendrán derecho a un contrato a término indefinido con las respectivas prestaciones de ley (pensión, cesantías, EPS, ARL), además de licencias de maternidad, vacaciones, libertad sindical, entre otras.

“Es un sector de trabajadores, trabajadoras y trabajaderes que son muy discriminados, muy estigmatizados, sobre todo por las instituciones. Nosotros somos una sociedad de doble moral”, señaló la autora del proyecto, Sandra Ramírez.

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Así mismo, esta iniciativa contempla que los honorarios que reciban las personas que ejercen este oficio deberán partir de un salario mínimo mensual legal vigente y también que la jornada laboral sea, como la de cualquier trabajador en Colombia, de ocho horas.

Otra de las medidas que se evidencian en el proyecto es que los clientes para poder acceder a los servicios sexuales tendrán que usar condón obligatoriamente, esto para garantizar la protección y la no transmisión de enfermedades de transmisión sexual.

“Es regular y dignificar , porque ahí hay unos trabajos muy excesivos. Les exigen cualquier hora de la noche y horarios que se extralimitan”, enfatizó la congresista del Partido Comunes.

Además la regulación propone que en los establecimientos en los que se ofrezcan ese tipo de servicios sean directamente los patronos en una relación laboral con aquellas personas que ejercen el oficio de la prostitución. Lo que implica que cualquier lugar en el que se ofrezcan estos servicios será totalmente legal.

Esta propuesta presentada por los integrantes del partido ex-Farc también delimita los lugares en los que podrá ofrecerse y prestarse este tipo de servicios. Entre otros están: clubes, burdeles, casas de cita, whiskerias y discotecas. Sin embargo, se hace la advertencia de que no se podrá por ningún motivo contratar menores de edad o a alguna persona que se encuentre en situación de riesgo de explotación sexual para cumplir este tipo de trabajo.

De acuerdo con el proyecto de ley, el objetivo principal es abarcar a todas las formas de trabajo sexual, desde los servicios de modelaje webcam, pasando por la pornografía y también con la prostitución.

Esta norma busca también cobijar los servicios sexuales que son prestados en espacios comerciales y el escort, es decir, a las personas que ejercen la prostitución con clientes de cierto nivel, algo que se conoce popularmente en nuestro país como el servicio de las “prepago”.

En el acto de radicación del proyecto estuvieron presentes además de los congresistas diferentes organizaciones de mujeres que estas labores sexuales como Astrasex, Putamente Poderosas o Calle Siete.

Una de las mujeres que pertenece a Astrasex, que es uno de los sindicatos de trabajadoras sexuales en Colombia y que cuenta con más de 50 integrantes, es Carolina Calle, quien además es vicepresidenta de Calle Siete, una ONG que también se compone de trabajadoras sexuales. Ella le manifestó a El País de España, como fue su participación en la construcción de este documento: “Fue un trabajo de meses, horas de hablar con la bancada para que el proyecto fuera garante de derechos humanos, y sobre todo que estuvieran presentes nuestras voces”.

Como resultado de ese diálogo se lograron incorporar varias peticiones que hicieron las trabajadoras sexuales. Una de ellas va dirigida a las mujeres que trabajan como independientes en este negocio, allí el proyecto plantea el diseño de una política pública que sirva para atenderlas, el cual debería estar listo en un plazo máximo de un año.

Para Calle, este proyecto “abre la oportunidad de materializar nuestros derechos y la lucha que por años hemos dado para que estos se respeten”, le dijo al medio citado.

La líder asegura que esta propuesta es diferente a las demás porque fue concebida y creada directamente con las trabajadoras y no con los dueños de los establecimientos en los que se ofrecen este tipo de servicios, respetando la integridad sobre sus cuerpos y también sobre la existencia de muchas necesidades que únicamente ellas conocen.