Daniel Quintero parece ser uno de los hombres del momento de la política colombiana. El antioqueño renunció a la Alcaldía de Medellín en medio de una polémica gestión, con el único objetivo de adherirse a la campaña de Juan Carlos Upegui, que aspira llegar a La Alpujarra en la contienda electoral del 29 de octubre de 2023.
No más a pocas horas de oficializar su decisión, Quintero fue visto en medio de múltiples eventos relacionados con la campaña del primo de su esposa, Diana Osorio, que tiene como principal competidor a Federico Gutiérrez para las elecciones regionales del 2023. Como era de esperarse, las críticas sobre el exdirigente comenzaron a llover una tras otra, muchas de ellas señalando que el medellinense había dejado su cargo para comenzar a hacer política.
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La molestia por parte de los detractores del exalcalde fue tal que dos miembros del Centro Democrático, movimiento político opositor a las políticas del antioqueño, radicaron el miércoles 4 de octubre de 2023 el proyecto de Ley Daniel Quintero, medida bajo la cual buscan crear una nueva inhabilidad para los alcaldes y gobernadores en el territorio nacional.
Congresistas del Centro Democrático radicaron el proyecto de Ley Daniel Quintero
Según dieron a conocer a través de sus respectivas redes sociales, el representante a la Cámara Juan Espinal y la senadora Paola Holguín presentaron el proyecto con el fin de que las autoridades locales puedan interferir en política hasta después de un año de haber abandonado sus cargos.
Precisamente, la idea de los congresistas del Centro Democrático es que no se repita una situación como la de Quintero, que renunció a su cargo como alcalde de Medellín para adherirse a la campaña de Juan Carlos Upegui.
La iniciativa también cobijaría a quienes reemplacen a los alcaldes, que junto a los mandatarios, “no podrán celebrar, en su interés particular, por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguno con el respectivo municipio, con sus entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos provenientes del mismo
Aquellas personas tampoco tendrían derecho a ser partícipes de eventos de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, “sin perjuicio de ejercer el derecho al sufragio”. De igual forma, los cobijados con la norma no podrán involucrarse en la celebración de contratos con la administración pública.
Es válido recordar que Daniel Quintero, contrario a lo establecido a la norma, no solo se adhirió a una campaña electoral a pocas horas de abandonar su cargo, sino que tampoco cumplió con su periodo oficial dentro del cargo, retirándose tres meses antes de lo establecido.
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