Luego de que habitantes de la vereda Bocas del Manso, ubicada en Tierralta (Córdoba) denunciaran haber sido amedrentados por militares, se han registrado varios eventos de desplazamiento forzado en la zona afectada y en otras aledañas. Aunque en este momento existen dudas sobre la veracidad de los hechos, toda vez que se ha revelado información que evidenciaría que pudo ser un montaje, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, indicó que las personas que han tenido que huir del territorio recibirán atención y apoyo.
“Impartí la instrucción en consejo de gobierno de hacer el subcomité de prevención para articular en los distintos frentes, tanto a nivel de mujer, tanto a nivel de infancia, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel del interior, para tener una mirada de acuerdo a nuestra competencia para brindar ese acompañamiento”, sostuvo el gobernador en una rueda de prensa, compartida por GS Noticias.
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Añadió que, aunque el subcomité fue anunciado hasta ahora, desde “el día uno”, es decir, desde que se conoció la denuncia sobre el presunto hostigamiento de militares a habitantes de la zona, varias entidades departamentales han hecho presencia en la zona. “El Gobierno departamental ha estado presente en cabeza de diferentes secretarios, puntualmente, bajo la responsabilidad que le asigné al secretario del Interior, el doctor Baquero. (...) La semana pasada, el secretario de Salud ha estado presente”, explicó Benítez Mora.
Indicó entonces que las personas que en este momento están asentadas en el parque Santiago Canabal de Tierralta, ubicadas en carpas, toldillos y hamacas, recibirán artículos de higiene personal y alimentos. Esto se está organizando con la Oficina de Gestión del Riesgo. Solicitó al Gobierno nacional allegar ayudas al territorio que, según el mandatario local, han sido prometidas por diferentes ministerios que han hecho presencia en el municipio.
Crisis de salud en Tierralta
El desplazamiento forzado registrado al interior del municipio ha ido en aumento. El 28 de septiembre de 2023, la Defensoría del Pueblo alertó sobre 400 personas que, hasta entonces, se habían desplazado desde la vereda Bocas del Manso y zonas aledaña.
No obstante, el 30 de septiembre la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que más de 4.000 habitantes han tenido que huir de varias zonas rurales del municipio hacia el casco urbano debido a presuntos hostigamientos perpetrados por estructuras armadas.
Las condiciones en las que están sobreviviendo las víctimas de desplazamiento forzado son, según la PGN, preocupantes. Se asientan en lugares poco salubres, en donde apenas hay tres baterías sanitarias, no hay suficientes alimentos para todos y se presenta una grave escasez de medicamentos. El contexto ha contribuido a la generación de brotes de diferentes enfermedades: se han documentado 32 casos de malaria, cuatro de varicela y otros de tuberculosis, los cuales representan un alto riesgo de contagio masivo.
Debido a esto, la Procuraduría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades locales para que hacer frente a la situación humanitaria y se logre prevenir el incremento de riesgos en la comunidad desplazada. Por su parte, la Defensoría del Pueblo se unió al llamado y aseguró que como entidad permanecerán atendiendo y acompañando a la población afectada en el municipio.
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