Con 3.154 casos, la JEP inicia el macrocaso por violencia sexual y de género contra las Farc y la fuerza pública: los testimonios son indignantes

Como uno de los últimos avances en el esclarecimiento de la verdad en el conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició con la indagación de más de 3.000 casos de violencia sexual, de género y reproductiva, además de crímenes por prejuicio contra personas con orientación sexual, expresión o identidad de género diversa, perpetrados por miembros de las extintas Farc y militantes de la fuerza pública colombiana.

Según determinó la JEP, inicialmente se trabajarán sobre 3.154 casos que ha establecido la corporación y que son de su completa injerencia. De los datos preliminares, 2.051 hechos serían atribuibles a los excombatientes de las Farc; mientras que otros 1.103 casos están vinculados a miembros de la fuerza pública del país. Sin embargo, resaltan que el tema es de tal sensibilidad en la población, que podrían existir subregistros no identificados que hacen pensar a los magistrados sobre la existencia de más casos, que no han sido denunciados por miedo o pena.

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Reconocen también que las primeras investigaciones dan cuenta de que hubo un total de 35.178 víctimas de crímenes sexuales perpetrados por todos los actores armados en Colombia entre 1957 y 2016. Entre las víctimas, las mujeres constituyen la abrumadora mayoría, representando el 89.2% del total, incluyendo a niñas y adultas. Además, se destaca que hubo 12.352 víctimas menores de edad, con 1.078 niños y 11.055 niñas afectados. También lograron identificar 1.857 indígenas, 5.793 afrodescendientes y 19 personas del pueblo gitano, lo que demuestra la diversidad de las personas afectadas por estos crímenes atroces.

“Llegó la guerrilla y me violó porque el Ejército había caminado ese sector. Según ellos, me violaban para demostrar que eran los que estaban mandando en la zona. Yo no tuve a quién decirle ni cómo pedir auxilio porque mientras unos me violaban, los otros me encañonaban y me decían que me callara o me mataban ahí mismo”, es uno de los testimonios de las afectadas por estos crímenes.

Los crímenes sexuales no se limitaron a una región específica de Colombia, sino que se extendieron por todo el país. Algunos de los departamentos que concentraron más casos fueron Antioquia, Magdalena, Nariño, Bolívar y Cauca.

En cuanto a las acciones de las Farc contra la población civil, se han identificado dos patrones principales: la violencia contra personas LGBTIQ+ y la violencia contra niñas y mujeres. Los testimonios de las víctimas revelan la crueldad de estos crímenes, con relatos que incluyen amenazas y discriminación basada en la orientación sexual.

“Decían que los maricas no deberíamos vivir, que los maricas éramos una enfermedad, que los maricas éramos un problema para todos en la sociedad, éramos mal bicho para la sociedad”, es un testimonio de uno de los 103 casos que logró documentar la JEP. Las mujeres, que fueron las principales agredidas por este grupo armado, señalaron que fueron obligadas a mantener relaciones sexuales como represalia por impedir el reclutamiento forzado o por supuestamente colaborar con las autoridades.

“Me violaron y les hicieron ver a mis hijos. Yo no quise que se llevaran a mi niño, que es lo más sagrado en mi vida(…) yo gritaba y le decía: ‘Papi, tápele los ojos a la niña’. Él lo único que me decía era: ‘Mamita, ¡yo la amo!’”, es el relato de una mujer agredida y que hoy reposa en el auto proferido por la JEP.

Pero la violencia sexual y por orientación no fue perpetrada únicamente por el grupo guerrillero, según la corporación, se cuentan con 246 hechos documentados que afectaron a 293 víctimas, en su mayoría niñas, mujeres y personas con orientación sexual, expresión y/o identidad de género diversa por la fuerza pública.

En cuanto a la población diversa, la JEP destacó de forma preliminar 42 hechos que dejaron a 46 víctimas LGBTIQ+. Tal es el caso de un hombre afro que fue sometido por los uniformados para ejercer actividades sexuales no consensuadas: “Los desnudaban y los obligaban a practicarles sexo oral o los violaban, amenazándolos con sus armas”. Además, en ocasiones eran trasladados en vehículos hasta zonas apartadas para accederlos sexualmente y dejarlos desnudos en la carretera.

Las mujeres tampoco se libraron de la fuerza pública, según comentó el magistrado Óscar Parra recientemente. De hecho, las violaciones a mujeres era una práctica relativamente común para lograr obtener información sobre objetivos militares, como en el caso de una mujer de Nariño, que estaba en estado de embarazo y a quien obligaron a proporcionar información sobre su esposo, que la había abandonado tiempo atrás.

“Que si el esposo mío se había escapado era por haber sido guerrillero, entonces me tenían que sacar la información a como diera lugar. Me encerraron, me amarraron, me violaron. Intentaron sacarme vivo a mi hijo, me cortaron con un bisturí”, señaló la víctima.

El tercer subcaso se centra en la violencia de las Farc y la fuerza pública contra sus propios miembros. La investigación preliminar reveló un patrón de jerarquía y amenazas que resultaron en abusos sexuales y violencia contra mujeres, incluyendo abortos y entrega forzados de bebés.

En el caso de las instituciones del Estado, se conoció el testimonio de un joven que llegó a prestar su servicio militar. Sin embargo, con apenas unos días en las filas, un superior accedió carnalmente de él, escudándose en su posición de jerarquía. “Me gritó con voz fuerte y me dijo que tenía que cumplir una orden como recluta (…) me bajó completamente la pantaloneta, procedió a manosearme, yo le dije que no tenía por qué hacer eso y él se puso a amenazarme”.