Los entes de control activaron los mecanismos para verificar presuntos delitos en medio de los contratos de la primera línea del Metro de Bogotá. Tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría emprendieron indagaciones sobre las revelaciones que indican presunta corrupción.
La Fiscalía confirmó el expediente que reveló la revista Semana sobre el presunto pago de coimas, a raíz de interceptaciones en las que fue escuchado José Joaquín Silva Ardila, ex empleado del Ministerio de Transporte, sobre pagos de más de 6.000 millones de pesos que, según dice, fueron entregados a miembros del Partido Verde.
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El ente acusador señaló que la investigación está a cargo de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien una vez conoció los indicios de un posible entramado corrupto, decidió alertar a las altas cortes. La funcionaria envió los documentos a las respectivas corporaciones según la calidad de los personajes oídos en las interceptaciones.
La primera compulsa de copias se realizó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que es la encargada de investigar a los aforados, es decir, a los congresistas, debido a que en las grabaciones obtenidas se menciona la campaña al Congreso de la República y candidatos del Partido Alianza Verde.
Así mismo, la fisca le envió las pruebas obtenidas a sus compañeros delegados ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de que avance en la indagación de los hechos con el objetivo de determinar, primero si se presentaron delitos y, en caso de comprobarse, identificar a los funcionarios de la Alcaldía de Bogotá que podrían haberse visto implicados.
Hasta el momento, aclaró la Fiscalía, los hechos se encuentran en etapa de indagación para corroborar la información y determinar si se trata de delitos, como fase previa para adelantar una investigación formal que vincule directamente a las personas que podrían haber estado implicadas. O, de darse lo contrario, archivar el expediente en caso de que no se trate de situaciones reales o verídicas.
El Concesionario Metro Línea 1 S.A.S., conformado en sociedad entre dos empresas chinas y ganó el contrato para la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, negó los hechos denunciados. Señalaron que cuentan con un mecanismo para verificar cómo se gastan los recursos del proyecto que impiden la corrupción.
“Es fundamental resaltar que los temas abordados en la noticia no tienen ninguna conexión con nuestra organización, Metro Línea 1 S.A.S., no ha otorgado ni tiene intención de otorgar permiso alguno a terceros para llevar a cabo funciones de delegación y/o representación”, señaló el concesionario.
Según la empresa, no tienen relación con ninguna de las personas mencionadas en la publicación del expediente como Silva Ardila, el ciudadano supuestamente chino William o Dong, así como Diego Castiblanco, que aparecen en las interceptaciones y hablan de trámites económicos en el marco de la obra.
“...enfatizamos que ni con la señora alcaldesa Claudia López ni con su entorno, incluyendo su familia o sus vinculaciones políticas de partido, hemos tenido ningún tipo de relación diferente a las propias de la ejecución de nuestras obligaciones contractuales en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá”, afirmó la empresa.
El concesionario señaló que cuentan con un programa de cumplimiento que debe cumplir con estándares de las entidades multilaterales que han aportado créditos para la construcción del Metro de Bogotá, como el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos incluyen protocolos para identificar y evitar cualquier hecho de corrupción.
Además, los empresarios chinos señalaron que están abiertos para aportar a las autoridades todos los requerimientos que requieran para investigar la ejecución del contrato y su adjudicación.
La alerta de la Procuraduría, en cuanto a la Primera Línea del Metro, corresponde a irregularidades identificadas en el estudio para hacer el trazado subterráneo. Según el ente de control, la Agencia Nacional de Infraestructura suscribió un contrato, sin pluralidad de proponentes, con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pese a que no tiene competencia sobre obras en Bogotá.
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