
Luego de la suspensión de ocho soldados profesionales y dos suboficiales del Ejército Nacional por su presunta participación en la violenta incursión armada en la vereda Bocas del Manso en el municipio Tierralta (Córdoba), las Fuerzas Militares habrían solicitado el retiro de los uniformados por diversas violaciones a los derechos humanos en medio de esa acción.
Desde el Ejército confirmaron a Infobae Colombia que el documento sí fue elaborado por la Inspección General y que sugiere proceder a la baja de estos integrantes de la institución a pesar de estar inactivos tras la primera orden de suspender sus labores en territorio.
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También indicó que hay una evidente responsabilidad en los oficiales y suboficiales, incluyendo el comandante de la Brigada 11, coronel José Edilberto Lesmes Beltrán, y el sargento mayor de Comando, Juvenal Mahecha, adscrito también a esa unidad militar. Así las cosas, el documento también sugiere que ambos deben ser retirados por omisiones ante el ataque denunciado.
Así las cosas, el informe, que también tiene consignadas varias recomendaciones dirigidas a los altos mandos de las Fuerzas Militares y el Ejército, pide el retiro del servicio activo de los oficiales de operaciones e inteligencia, así como el sargento mayor del Batallón de Infantería No. 33 ‘Batalla de Junín’. En total serían cerca de 20 los integrantes que podrán ser apartados de la institución por su relación con esta incursión.
En el hecho, conocido el martes 12 de septiembre, los soldados implicados se hicieron pasar por integrantes de disidencias Farc para amenazar con armas de largo y corto alcance a campesinos y líderes sociales de Tierralta, incluyendo menores de edad, madres con niños de brazos y mujeres embarazadas. Un día después, el comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, ordenó la suspensión inmediata de estos uniformados.
“Respecto a estas 10 personas, como Comandante del Ejército Nacional, he tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y adicionalmente para los mandos, separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar, ordenando que no podrán ejercer ningún tipo de misiones de liderazgo operacional ni de inteligencia militar”, comunicó el alto mando.
A pesar de que primeras versiones indicaron que los sujetos que aparecieron en el video hacían parte de reductos de la extinta guerrilla, en la misma noche del 12 de septiembre fuentes del Ejército indicaron que pudieron ser uniformados pertenecientes al Batallón Junín. Dicha versión fue confirmada horas más tarde, a lo que el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, calificó esas conductas como “injustificables”.
Días después, el 17 de septiembre, el comandante, emitió un total de 26 instrucciones a todas las unidades, incluyendo una orden a todos los generales, coroneles y almirantes adscritos a las diferentes unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial para revisar a fondo la organización de batallones, brigadas y divisiones y determinar las suspensiones necesarias en caso de encontrar irregularidades operacionales.
“Esta revisión debe incluir una representación clara de su estructura, roles, tareas y responsabilidades. En esta revisión, se debe identificar específicamente qué unidades conducen operaciones especiales y cuáles no”, expresó el general Giraldo. También prohibió el uso de prendas o equipos que no hacen parte del uniforme de las Fuerzas, incluyendo teléfonos celulares.
“Ningún soldado, suboficial u oficial puede actuar fuera de las normas que orientan el correcto desarrollo de nuestra institución”, añadió al alto mando militar.
Sumado a estas medidas, la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de los militares en este operativo. El Gobierno también anunció una investigación interna para conocer en detalle otros uniformados que tendrían conocimiento del hecho y otros similares acontecidos en Tierralta en épocas anteriores.
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