
Con el auge del Internet y el avance de la tecnología, el ser humano ha podido facilitar trámites y operaciones que anteriormente tenía que hacer de manera presencial, desarrollando nuevas economías, nuevos espacios laborales y nuevas carreras profesionales, pero, infortunadamente, también nuevos delitos.
Es así como los ciudadanos ya no solo deben cuidarse en la calle de que algún ladrón quiera robarles sus pertenencias, sino también en el mundo virtual de que algún hacker les robe sus ahorros o su información.
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Sobre el tema, la Fiscalía General de la Nación publicó que a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos demostró que un hombre, junto a otras personas, usó ilegalmente datos de dos empresas para apoderarse de una millonaria suma.
El órgano judicial destacó que la contundencia del material probatorio recaudado por ellos permitió que un juez condenara a siete años de prisión a Luis Eduardo Bernal García, como responsable de hurtar más de 1.000 millones de pesos, mediante el uso fraudulento de medios digitales.
Asimismo, dijo que Bernal García simuló ser representante legal de una empresa, cuyos sistemas previamente había hackeado.
A su vez, detalló que estas acciones se cometieron entre los meses de octubre y diciembre de 2018, y evidenció que el líder de la organización se apropió de 486 millones de pesos, retirados en múltiples transacciones.
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Finalmente, aclaró que a la condena de prisión se suma el pago de una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
Gobierno demandará a IFX Networks tras ciberataque que afectó a entidades públicas
Luego de que el 13 de septiembre, varios sitios web de entidades del Gobierno nacional, superintendencias y de la rama judicial estuvieron sin servicio por el ataque cibernético Ransomware en sus servidores. Desde la Casa de Nariño se empiezan a tomar medidas en contra de del servicio de la compañía multinacional IFX Networks.
Asimismo, aseguró que las deficiencias en el sistema de protección que tiene la empresa permitieron el ciberataque.
Algunas de las entidades más afectadas fueron el Consejo Superior de la Judicatura, los ministerios de Salud y Cultura, y la Superintendencia de Industria y Comercio.
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