La Contraloría General de la República alertó por el posible desvío de dineros públicos para financiar campañas políticas para las elecciones territoriales de octubre.
Carlos Mario Zuluaga, contralor encargado, indicó que existe un porcentaje del presupuesto destinado a la ejecución de obras públicas en el país, que se estaría viendo afectado. De acuerdo con el funcionario, hay cerca de 1.000 obras que ya han recibido financiación del Estado, pero su ejecución se ha visto congelada.
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“Nosotros, a través de la Diari, hemos elaborado en todo el primer semestre más de mil alertas en razón de anticipos, sin avances significativos en contrataciones. Ya hay una alerta de recursos usados para contratación que no han sido empleados en las obras”, dijo Zuluaga durante el foro ‘Garantías Electorales para los comicios de octubre de 2023′ que organizó El Tiempo.
Así mismo, recordó que existe una alerta para hacer seguimiento riguroso a los procesos de contratación pública. Lo anterior, debido a que se han registrado denuncias por mala ejecución de los recursos públicos en varios departamentos del país:
“Expedimos, en el mes se mayo, una circular recordando a alcaldes, gobernadores y ordenadores del gasto público, sobre el debido y correcto uso de los recursos públicos en la contratación. (...) Hemos recibido cinco denuncias calificadas sobre hechos de contratación relacionados con participación política, que ya están siendo investigadas por la Contraloría”.
Ante la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo y otras entidades nacionales, por alto el riesgo electoral que se ha registrado en el país, Zuluaga invitó a que haya más participación ciudadana para el control de los procesos electorales:
“Vamos a tener un ejercicio de admisión inmediata de denuncias de temas relacionados con la contratación y que vinculen a candidatos a las elecciones regionales”.
Concluyó: “La invitación es que las alertas, que también son de tipo preventivo que emite la Contraloría, sean un insumo para que la institucionalidad también responda y revise, y podamos minimizar los riesgos que hemos advertido”.
En julio de 2023, la Contraloría General de la República había advertido por el aumento de ‘elefantes blancos’ en el país.
De acuerdo con el contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, las obras inconclusas en Colombia podrían sumar lo que el Gobierno de Gustavo Petro espera recaudar con la reforma tributaria aprobada a finales de 2022, pues estos proyectos de infraestructura, que no han avanzado, significan un detrimento patrimonial de $15 billones.
En Colombia existen aproximadamente 1.700 obras sin concluir. Los tres departamentos con más cantidad de ‘elefantes blancos’ es liderada por el Valle del Cauca con obras inconclusas por $2,9 billones, seguido por Tolima con $1,3 billones y Antioquia que completa el top tres con $1,1 billones.
“Hemos creado una estrategia para vincular esas obras en un registro para que la entidad pueda hacer un acompañamiento para que las autoridades locales o departamentales se pongan de acuerdo en cómo resolver las controversias jurídicas que existen y que las obras puedan tener una solución”, explicó el funcionario al diario La República.
Según Zuluaga, los sectores que tiene más afectaciones por la construcción de obras inconclusas en el país son transporte, con $4,7 billones; agua potable, con $2,7 billones; educación, que tiene $2,4 billones; y vivienda, ciudad y territorio que tiene $1,2 billones.
“Hemos logrado que más de 700 proyectos en este último periodo se logren reactivar y entregar a la ciudadanía”, afirmó el contralor.
Finalmente, pidió mantener “la línea de decretar medidas cautelares, es decir: embargo y que inmediatamente se abran los procesos de responsabilidad fiscal. Con el objetivo de que, cuando se llegue al fallo, tengamos bienes, cuentas y recursos que disponer para reintegrarlos al Estado”.
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