La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, hizo un llamado contundente por la protección de los defensores ambientales, quienes han sido sujetos de constantes violaciones de derechos humanos en varias regiones del país.
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Frente a las recientes cifras de Global Witness, que revelaron que en 2022 fueron asesinados 60 defensores de la tierra y el medioambiente en Colombia, la ministra aseguró que se debe actuar con firmeza para mitigar esta realidad.
Muhamad señaló que para esto, se tiene proyectado implementar en su totalidad el Acuerdo de Escazú y los Puestos de Mando Unificado para la Vida:
“Lamentamos el asesinato de estos 60 defensores ambientales. Es una cifra realmente vergonzosa para el país. Y esperamos que podamos ir revirtiendo esta realidad con la implementación del Acuerdo de Escazú y los Puestos de Mando Unificado para la Vida. Nosotros llegamos obviamente en agosto del año 2022, pero es importante entender que el derecho de los defensores a proteger el ambiente es un derecho que debemos proteger”.
Por ello, la ministra afirmó que es fundamental la ratificación por parte de la Corte Constitucional del Acuerdo de Escazú. “Si bien ya estamos implementando muchos de esos aspectos, que ya sea una ley en firme de la República, nos apoyaría mucho en esta necesidad de proteger a los defensores ambientales”.
Para la alta funcionaria, dicho acuerdo es una que fortalece las capacidades y la cooperación de la ciudadanía “a través del diálogo social y la transparencia en la información ambiental”.
Por su parte, Wendy Ahumedo, joven activista ambiental de San Antero (Córdoba), dijo en un encuentro de defensores de derechos humanos, que la implementación del acuerdo “es muy importante para los activistas y las nuevas generaciones, pues les da la posibilidad de tener una gama de derechos, protección y la oportunidad de una participación integral como ciudadanía”.
Pese a que su ratificación está en manos de la Corte Constitucional, el Ministerio de Ambiente indicó que, actualmente, avanza en diferentes acciones para la protección de los defensores ambientales.
“Buscamos con las medidas desde el Ministerio de Ambiente reconocimiento, acompañamiento y resarcir ese rol del defensor ambiental en las comunidades, que sea su primera protección, así como la hoja de ruta de derechos humanos que hemos implementado y a la cual muchos de ellos ya han acudido”, mencionó la ministra.
El Acuerdo de Escazú es considerado el primer gran Pacto Ambiental de América Latina y el Caribe. Tiene su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 2012, cuando diez gobiernos de esta zona impulsaron la Declaración sobre la Aplicación del Medio Ambiente.
La importancia de este acuerdo para Colombia se centra en que impulsará el fortalecimiento de las políticas y acciones ambientales en las diferentes regiones a través de más participación, justicia ambiental y acceso a la información.
Para Beatriz Ortiz, directora del Observatorio de Economía Circular de la Universidad de La Salle, “la ratificación de este proyecto representa un reto para el país en pro de generar consciencia a toda la sociedad sobre la toma de decisiones en temas ambientales de una forma más inteligente, concertada, capacitada e informada”.
Además, considera que esta ley es importante para el país, pues si se genera una mayor oportunidad para la participación e intervención ciudadana segura y efectiva, “se puede generar un buen desarrollo económico con foco en la economía circular, lo cual permitirá desmitificar y dejar de lado la estigmatización de quienes se vinculan a los temas medioambientales en el país”.
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