La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Édgar Chacón Hartmann por presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Chacón Hartmann fue imputado formalmente por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
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Un fiscal adscrito al Grupo de Tareas Especiales del caso Odebrecht encontró material probatorio suficiente que demostraría que el procesado, en su calidad de gerente de predial de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, participó en los trámites de expedición de las adiciones número 6 y 7 del contrato de concesión Ruta del Sol II.
Con estas adiciones contractuales se autorizó al concesionario, del cual hacía parte y era la empresa dominante la multinacional Odebrecht, a realizar estudios, diseños y la construcción de una vía denominada Transversal Ocaña-Gamarra, que tenía un presupuesto de $670.000 millones.
De acuerdo con el ente acusador, el entonces funcionario al parecer participó en el acta complementaria de la adición 6, y avaló los estudios de conveniencia y oportunidad de la adición 7, que permitió la expedición de los cambios al contrato.
Estas acciones vulneraron normas de contratación pública, pues la obra autorizada no estaba contemplada en el objeto del contrato original.
Además, Chacón Hartmann habría permitido la firma de las adiciones sin verificar la información relacionada con la gestión predial, ni generar alarmas sobre las irregularidades presentadas.
Lo anterior, habría generado un detrimento público equivalente a $1.851 millones. El imputado no aceptó los cargos.
Por estos hechos, en agosto de 2023 la Fiscalía General de la Nación imputó a otros exfuncionarios de la ANI.
Los otros exfuncionarios de la ANI imputados por la Fiscalía
En la mañana del miércoles 30 de agosto de 2023, la Fiscalía General de la Nación imputó a un grupo de exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), un contratista y un interventor de esa entidad, quienes habrían tramitado, suscrito, proyectado y avalado cuatro documentos anexos a contratos iniciales que modifican condiciones registradas en la licitación pública del proyecto Ruta de Sol II.
A través de un comunicado, el ente acusador señaló que estas personas actuaron de manera colectiva y avalaron los estudios de conveniencia, sustentación, valoración y presentación de actas de convalidación de los otrosíes N°3 del 15 de julio de 2013.
Entre los estudios que se avalaron y que se añadieron al contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2010, están los del tramo Ocaña – Gamarra; N°6 del 14 de marzo de 2014, que incorporó la obra Ocaña - Gamarra y cambió la forma de pago; N°7 del 14 de mayo de 2014, que también modificó en dos partes la forma de pago; y N°9 del 4 de diciembre de 2015, que varió cinco aspectos relacionados con el desembolso del dinero.
Los exfuncionarios a quienes también se les realizó la imputación de cargos, son:
- Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.
- María Clara Garrido, exvicepresidente Administrativa y Financiera.
- Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de Estructuración.
- Yasmina del Carmen Corrales Paternina, exsupervisora del contrato de concesión.
- José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carreteros.
- David Leonardo Montaño García, experto GGC2.
- Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Gestión Contractual.
- Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero (contratista).
- César Augusto Peñalosa Pabón, exgerente de proyectos.
- Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.
De acuerdo con la Fiscalía, las actuaciones de los exfuncionarios, el contratista y el exinterventor habrían desconocido el objeto del contrato de concesión original, por lo que “permitieron que se incluyera una nueva vía que no tenía relación ni conexión física con el proyecto Ruta del Soll II, es decir, fueron vulnerados principios esenciales como planeación, transparencia, selección objetiva, responsabilidad y economía”, dice el documento.
Por esta razón, estas personas deberán responder por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés en la celebración de contratos; cargos que ninguno de ellos aceptó.
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